/CARLOS DÍAZ / EFE
La propuesta de la ministra de Empleo -condicionada al consenso en el Pacto de Toledo- de que los trabajadores que así lo quieran puedan elegir los 25 mejores años para calcular su pensión es justa, pero costosa. Y por ello, exige cuantificar su impacto en el deficitario sistema de las pensiones para ver con qué medidas se contrarrestaría su puesta en marcha. La reforma de pensiones de 2013 contemplaba la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Para 2018, la cuantía de la pensión se calcula en función de las bases de cotización de los 21 años anteriores al mes previo al de la jubilación. Para 2022, el periodo de cálculo será de 25 años.
La idea esbozada por Fátima Báñez favorecería especialmente a los trabajadores mayores de 50 años que en la recta final de su carrera han tenido que emprender negocios por cuenta propia o se han visto afectados por despidos durante la crisis. La propuesta es voluntaria y sólo para los que agoten la vida laboral. Nos parece acertado que se promuevan medidas encaminadas a aumentar el poder adquisitivo del pensionista, pero la propuesta deslizada por Báñez resulta insuficiente y no resuelve el problema de fondo de las pensiones.
A nadie se le escapa, en todo caso, que se trata de un guiño político a un segmento en el que el PP tiene un buen caladero de votos, y quiere blindarlos frente a sus competidores políticos. Es cierto que con la propuesta de Báñez -o con la errática idea del PSOE de gravar a la banca con un nuevo impuesto para pagar a los jubilados-, el debate de las pensiones está volviendo a la agenda política. Nos congratulamos de ello, pero es necesario que este asunto sea abordado con el rigor necesario, orientado a tejer un Pacto de Estado como el que requiere el déficit de la Seguridad Social. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los mayores retos a los que se enfrenta España. La baja natalidad, el desplome de la ratio de cotizantes por pensionista y la precariedad laboral han disparado la preocupación alrededor de una de las columnas vertebrales del Estado de bienestar. A ello se une la merma acuciante del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el hecho de que el Estado haya pedido un préstamo de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones de este año.
Las pensiones preservan la cohesión social y se han convertido, especialmente tras la crisis, en un puntal para garantizar los ingresos en muchas familias. Por tanto,no valen parches ni arreglos cosméticos. El futuro del sistema exige que tanto el Gobierno como la oposición, en concertación con los agentes sociales, acometan medidas de calado en el marco del Pacto de Toledo. Lo contrario es seguir dilatando la adopción de soluciones viables y duraderas.
EDITORIAL de EL MUNDO
En los ochenta,los gobiernos de Reegan y Thatcher explicaron de una manera muy enrevesada que para principios del presente siglo las pensiones estaban acabadas.Obviamente eso no ha sucedido.Pasará ahora??.Cuando vemos películas como "mujercitas" o teleseries como " VELVET " uno sospecha que están fritos por demonizar y denunciar las culturas antiguas.Sin embargo,de eso venimos.De nuestras pobres abuelas "hogar,hijos y cocina" .Ahora estamos en la onda correcta (o eso creemos) pero nos extinguimos sin remisión.Observen a un grupo de encantadoras universitarias,de verdad creen que tienen intención de tener cuatro o cinco hijos por mucho dinero del que dispongan??.Además,sería provocar un baby boom YA,mantenerlo año tras año,y dentro de veinte años España empezaría a mejorar las pensiones.Considerar el aborto una impresionante conquista social NO ayuda.
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