Alumnos en la entrada de la Universidad de las Islas Baleares. ALBERTO VERA
El nuevo presidente de los Consejos Sociales, alto cargo de Inditex, cree que "hay consenso" para el cambio
"Es necesario un pacto de Estado, pero para alcanzarlo será necesario liderazgo político y compromiso social", defendió Abril, que sucede en el cargo al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro y que también es patrono de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), otro de los lobbies que suelen ejercer como portavoces de la visión empresarial en los debates sobre la educación superior.
Antonio Abril está convencido de que la Universidad española ha sido "perfectamente diagnosticada" en los sucesivos informes que se han realizado sobre la materia, como los encargados a sendas comisiones de expertos por los ex ministros de Educación Ángel Gabilondo y José Ignacio Wert. Es más, considera que existe cierta coincidencia entre la CCS, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Ministerio de Educación sobre las transformaciones que serían necesarias.
A su juicio, "tenemos unas universidades muy meritorias, que han alcanzado logros como universalizar el acceso a la educación superior pese a contar con unos sistemas de gobierno y una financiación muy deficientes".
Así, propone introducir modificaciones en ambos. Eso sí, está convencido de que un aumento de la financiación no serviría de nada si no se reforman antes las estructuras académicas actuales. En realidad, la Ley vigente (Lomlou) la aprobó en 2007 el PSOE como mera modificación de la LOU popular de 2001, pero el nuevo presidente de la CCS considera que no ha habido una modificación sustancial de esas estructuras desde la LRU de 1983. "En esa ley se asociaba la autonomía universitaria al autogobierno, pero eso no puede ser -afirmó ante los medios-, la autonomía debe ser libertad de cátedra y de investigación, pero hay que incrementar el protagonismo de la sociedad en la gestión de las universidades". Traducción: los campus no deberían estar al capricho de sus profesores, gestores y empleados, sino al servicio del contribuyente que la financia y de las familias que confían en ella para edificar el futuro profesional de los estudiantes.
Entre las medidas que deberían potenciarse en la reforma destacó las siguientes: "reforzar el carácter ejecutivo de los órganos unipersonales" (que los rectores, decanos... puedan tomar decisiones sin someterse al voto del resto de la comunidad académica), "profesionalizar la gestión"; "flexibilizar las políticas de contratación" para mejorar la capacidad de los centros para atraer talento docente e investigador; "potenciar los incentivos académicos para la transferencia del conocimiento" (otorgar un tramo de sueldo extra similar al sexenio investigador para quienes logren patentes, por ejemplo) y "mejorar la internacionalización".
Sobre este último punto, Abril subrayó que "sólo el 3% de los universitarios españoles provienen del extranjero, lo que nos convierte en el país con la peor media de la UE, pese a tener la segunda lengua más hablada del mundo y ser el destino más atractivo para los erasmus".
JUANJO BECERRA Vía EL MUNDO
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