PENSIONISTAS: LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CIUDADANOS

Si Ciudadanos ofreciera en su programa electoral ventajas concretas y voluminosas a los pensionistas conseguiría que muchos cientos de miles de votantes le dieran su voto (quitándoselo al PP o al PSOE), lo que podría convertirlo en el partido ganador de las elecciones generales

Ciudadanos ganará las próximas elecciones generales si promete acabar con el expolio económico y fiscal de los pensionistas y si garantiza cambiar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible y equitativo con un modelo mixto de capitalización y de reparto.

Las últimas encuestas electorales en España muestran que se han disparado las expectativas del partido de Albert Rivera que, tras las elecciones catalanas del 21-D, supera o iguala al PP.  En la efectuada por GAD3 para ABC Ciudadanos es el partido más votado y podría gobernar con el PP o con el PSOE, aunque tiene menos escaños que ellos por el efecto de la ley electoral. En esa encuesta Ciudadanos supera al PP en más de 400.000 votos. En la realizada para El País por Metroscopia, Ciudadanos también era el partido más votado, superando al PP en unos 4 puntos porcentuales. En otra encuesta publicada por EL ESPAÑOL se registraba un triple empate técnico entre PP, PSOE y Ciudadanos. Los resultados de una encuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de octubre también mostraba una gran subida de los votantes de Ciudadanos.

Para ponderar debidamente esos resultados electorales hay que tener en cuenta que un factor decisivo para explicar el voto al PP es la edad. En este sentido, cabe destacar que el apoyo al PP crece conforme aumentan los años del electorado, de forma que su respaldo entre los más jóvenes es bastante reducido, como se observa en el gráfico anterior. Es indudable que los mayores de 65 años son un caladero de votos para el PP y el PSOE.

La tradicional ventaja, en votos, de los dos grandes partidos tradicionales sobre las dos formaciones emergentes se fundamenta en esa enorme superioridad de seguidores de la tercera edad: PP y PSOE suelen sumar siete de cada diez votos válidos de mayores de 65 años.  Además, si se tiene en cuenta la previsible abstención, resulta que casi la mitad de todos los mayores que se acerquen a las urnas escogerán la papeleta del PP.

En todo caso hay que subrayar que —a diferencia de PP y PSOE— el voto a Ciudadanos disminuye conforme avanza la edad del electorado. La brecha generacional es, por tanto, un hecho.

Sin embargo, esa realidad parece que no es tenida en cuenta por el PP, dado el comportamiento del gobierno de Rajoy, porque se ha fundido ya casi todo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se encontró con 66.815 millones de euros cuando llegó al poder. Además, si continuase el modelo de creación de empleo precario derivado de la política económica del gobierno de Rajoy, es previsible que la hucha de las pensiones se agotará en este año 2018. Entonces, ¿por qué le siguen votando los pensionistas?. En principio, parece ser porque los pensionistas temen que los otros grandes partidos les traten peor que el PP. Pero actualmente entre los pensionistas está creciendo el descontento con el PP porque, a pesar de la evidente recuperación de la economía española, las pensiones siguen estando prácticamente congeladas, con un mísero incremento del 0,25 % anual, con una permanente pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.

Los grandes partidos políticos son conscientes de que sus resultados electorales dependen en gran medida de los más de nueve millones de votos de los pensionistas, pero hasta ahora Ciudadanos no ha prestado una atención especial y notoria para el colectivo de los jubilados.  Si Ciudadanos quiere aumentar masivamente el número de sus votantes para poder llegar a gobernar como partido vencedor tendrá que hacer todo lo posible para que los pensionistas dejen de votar preferentemente al PP y al PSOE, dado que el colectivo de mayores de 65 años no se fían de los juveniles dirigentes de Ciudadanos que, hasta ahora, no se han ocupado suficientemente de los jubilados y de sus pensiones en una coyuntura en la que se pone en duda  la sostenibilidad de sus pensiones.

Los pensionistas son conscientes de que los políticos han  transformado el derecho de los trabajadores a sus pensiones contributivas en una especie de prestación benemérita del Gobierno, como si el fondo de pensiones fuera suyo y no de los trabajadores cotizantes. Los pensionistas saben que la gestión gubernamental de las pensiones contributivas es negativa y por ello rechazable lo que, paradójicamente, no se traduce en una disminución sustancial de los pensionistas que votan al PP.

Actualmente el dinero de la "Caja Única" está manejado por los políticos, porque en 1978 cambiaron el tradicional y sostenible sistema de pensiones autogestionado por los trabajadores a través de sus mutualidades laborales por un sistema de reparto en el que los cotizantes de hoy pagan la pensión de los jubilados de hoy.

Pero este sistema tiende a ser inviable hoy por varios motivos:

1) porque los manirrotos políticos gestionan arbitrariamente los fondos de pensiones.

 2) porque España tiene una pirámide demográfica invertida y

 3) por su insuficiencia financiera, dado que la Seguridad Social en conjunto es deficitaria, pues ha disminuido sustancialmente el número de cotizantes y los salarios medios de los trabajadores.

 Con el sistema actual la pensión no se calcula según el valor actuarial de lo cotizado en toda la vida laboral, sino en los últimos veinticinco años, lo que es perjudicial para quienes no pudieron cotizar mucho en los años previos a jubilarse, pero sí a lo largo de su vida activa.

  Además el sistema de pensiones está aquejado de una gran inseguridad jurídica y falta de transparencia, pues ¿qué trabajador en activo sabe qué pensión le tocará el día de mañana, y quién le garantiza que el Gobierno de turno del futuro no le bajará la pensión que esperaba cobrar?.

El sistema de pensiones se ha ido deteriorando porque se han adoptado medidas contra los pensionistas; pero el gran expolio contra ellos que se lleva a cabo actualmente es de carácter fiscal, pues el cobro de una pensión contributiva se considera un hecho imponible sujeto a gravamen como si fuera un nuevo rendimiento del trabajo, sin tener en cuenta que las pensiones se fueron generando durante la vida laboral y que al cobrar los salarios mensuales/anuales fueron sometidas ya al I.R.P.F. Es decir, ya tributaron por ese impuesto.

Por lo tanto, al ser sometidas las pensiones contributivas en la actualidad al I.R.P.F., están siendo gravadas nuevamente por el mismo impuesto, cayendo claramente en la figura de "doble imposición", que se debe corregir haciendo que el cobro de la pensión quede excluido del I.R.P.F. En general todo ahorro debe estar exento de impuestos a su rescate, entre otras cosas porque ya tributó anteriormente.

En el peor de los casos, y como mínimo, la pensión contributiva podría considerarse como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del jubilado (en las rentas vitalicias de los seguros privados el gravamen es del 20% de la renta percibida en el intervalo de los 65 a 69 años del perceptor; y del 8% a partir de los 70 años). Tendría sentido esta figura impositiva toda vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral. Esa figura está debidamente contemplada en la ley y por ello se benefician las entidades financieras privadas con el producto renta vitalicia inmediata aplicada a un capital del cliente (que en nuestro caso sería el capital acumulado por el trabajador durante la vida laboral) para obtener eso: una renta vitalicia inmediata (asimilable al concepto de la pensión contributiva).

 La exención del I.R.P.F. que grava actualmente a las pensiones contributivas afectaría a millones de pensionistas que también son -¡no hay que olvidarlo!- votantes. No se conoce exactamente la cuantía de la reducción de ingresos públicos por la aplicación de esa exención de I.R.P.F. a las pensiones contributivas; pero puede estimarse que es superior a 5.000 millones de euros, una importante cantidad que podría ser compensada sin merma para los ingresos de la Hacienda pública solo con que se eliminase una pequeña parte de las innecesarias duplicidades y redundancias existentes actualmente en la prestación de servicios públicos por las Administraciones públicas, o intensificando la Agencia Tributaria la necesaria lucha contra los defraudadores. O sea, que es totalmente factible, si hubiese voluntad política; pero no la hay porque resulta más fácil para los gobernantes expoliar injustamente a los pensionistas mediante la imposición del I.R.P.F. al cobrar sus pensiones contributivas. No obstante, como último recurso para facilitar la instauración de la mencionada exención del I.R.P.F. de las pensiones contributivas  podría limitarse a una cantidad máxima, en torno a 24.000 euros anuales, para que afectase solamente a las pensiones superiores a 2.000 euros mensuales.

El descrito saqueo de los pensionistas es legal, pero ilegítimo por injusto. A pesar de ello, se lleva a cabo ahora por el Gobierno del PP, y se efectuó anteriormente por el Gobierno del PSOE y se continuará llevando a cabo hasta que los millones de pensionistas damnificados dejen de votar al partido del Gobierno de turno y, en cambio, sí que voten a Ciudadanos o otro gran partido que acepte esa justa reivindicación de los jubilados decretando la exención del I.R.P.F. a la recepción de su pensión contributiva.

Además de instaurar esa exención, los partidos políticos que quieran gobernar en España deben tener en cuenta que es preciso llevar a cabo lo antes posible una profunda reforma del sistema de pensiones, para hacerlo sostenible y equitativo, tras un periodo transitorio razonable, para convertirlo en  un sistema mixto de capitalización y de reparto -profesional y general, también contributivo- de un fondo nacional de pensiones que habría que ser complementado con un fondo de reserva similar a la actual hucha de las pensiones.

Este nuevo sistema mixto tendría la ventaja de que así se respetaría la libertad del pensionista de crear un propio plan de pensiones, sin depender totalmente del incierto 'Estado del Bienestar' y de la discrecionalidad de los gobernantes, ya que actualmente muchos trabajadores se van a quedar sin la pensión prevista, por no cumplir los mínimos de años de cotización exigidos o por fallecimiento del cotizante.

El nuevo sistema mixto de pensiones debería fundamentarse en lo siguiente:

1) Un pilar de reparto

2) Otro pilar obligatorio de capitalización

3) Un pilar de aportaciones voluntarias

4) La existencia de libertad de gestión sobre la cuantía a aportar para capitalización y sobre dónde invertir las aportaciones

5) Las prestaciones de pensiones contributivas se obtendrán teniendo en cuenta la totalidad de las prestaciones del trabajador en toda su vida laboral

6)  El reconocimiento de la propiedad personal de las aportaciones, lo que supone:

                     a) mantener las aportaciones a salvo de decisiones políticas

                     b) garantizar el derecho de que hereden los familiares el fondo constituido, en caso de fallecimiento del cotizante

                      c) el derecho de rescate parcial de las aportaciones en casos excepcionales, como el de que los cotizantes se conviertan en parados de larga duración

El partido político o los partidos que estén dispuestos a eliminar el expolio de los pensionistas, instaurando la exención del I.R.P.F. de las pensiones contributivas, así como  a llevar a cabo esa conversión del sistema de pensiones en el descrito sistema mixto y sostenible cuando gobiernen, aumentarán sustancialmente sus votantes pensionistas en las próximas elecciones.

Hay que subrayar que en el caso de que lo hiciera Ciudadanos, ese aumento de votantes lo conseguirá a costa de una paralela disminución de los votantes del PP y del PSOE, sus directos competidores, con un doble efecto demoledor de sus rivales en las futuras elecciones.

También es previsible que aumente sustancialmente el número de los pensionistas que voten a Ciudadanos si prometiese no solo mantener la cuantía actual de las pensiones contributivas, sino incrementarlas actualizándolas anualmente de acuerdo con el índice de evolución de los precios de los bienes y servicios, y no solo con el congelador 0,25 % que ahora les permite el gobierno del PP.

En fin, si Ciudadanos quiere gobernar España necesita comprometerse a atender las justas reivindicaciones del colectivo de millones de pensionistas votantes, que es su asignatura pendiente.

                                          

                                                           JOAQUÍN   JAVALOYS