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miércoles, 7 de marzo de 2018
Claves judiciales de la investidura 'imposible' de Jordi Sànchez
El Supremo y el TC deberán pronunciarse antes del lunes, fecha fijada para el pleno del Parlament
Marcha por la libertad de los Jordis. (EFE)
Segundo intento para la investidura de un 'president' en la Cataluña de la era 'posprocés'. Segundo intento previsiblemente fallido. El nombramiento del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez
para dirigir el Govern a partir del pleno del próximo lunes se presenta
poco menos que imposible, dados los antecedentes judiciales y las
decisiones ya adoptadas por el instructor de la causa —en la que se le
mantiene en prisión por delitos de rebelión y sedición— y por el
Tribunal Constitucional. Estas son las claves judiciales que marcarán los próximos días:
1.
Sànchez no ha aguardado ni siquiera a que el pleno parlamentario
estuviera convocado. En un escrito presentado a primera hora de este
martes adelantaba la fecha prevista y reclamaba, por partida doble, que se le permita acudir al pleno previsto para investirle.
Pide que se le deje en libertad provisional o, al menos, se le conceda
permiso para acudir presencialmente al pleno. Ha remitido para ello dos
escritos, uno al juez del Supremo Pablo Llarena y otro al Tribunal Constitucional en
los que argumenta que si no se le permite ir se estarán vulnerando sus
derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará
respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que
quiere investirle.
2. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya este mismo miércoles sobre una de estas peticiones, la de libertad. Ha rechazado una petición para salir de prisión
que ya presentó su defensa hace semanas, en su recurso de amparo contra
el auto de prisión de la jueza Carmen Lamela, que fue la primera en
enviarle a la cárcel con la confirmación posterior de Llarena. Le
mantiene así en la cárcel a cinco días de la investidura.
3. No
obstante, la decisión sobre si hay o no permiso está en manos
exclusivamente del Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por El
Confidencial confirman que el juez instructor no prevé atender su
solicitud siguiendo un criterio que ya avanzó en anteriores resoluciones que afectaban también a Sànchez. En una resolución del pasado enero, el magistrado se opuso a que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y el propio expresidente de la ANC acudieran a la sesión constitutiva del Parlament.
Sus
argumentos de entonces son válidos, en parte, para esta nueva
reclamación. El magistrado les declaró entonces en "incapacidad legal
prolongada" y propuso a la Mesa arbitrar una fórmula que les permitiera
delegar el voto. El motivo de mayor peso fue entonces el riesgo de reiteración delictiva.
Apuntó "la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con
movilizaciones ciudadanas colectivas violentas" y también dijo que la
actitud mostrada antes de su encarcelamiento, contraria "a las normas
más básicas de nuestra convivencia", hacia temer que repitieran el
delito.
El magistrado contestará antes de la fecha fijada para la sesión parlamentaria, el próximo lunes, y dejará en manos del presidente del Parlament, Roger Torrent, el siguiente paso.
4. El recién estrenado presidente del Parlament tendrá que decidir qué hace cuando los jueces hayan hablado. Con la puerta cerrada a una investidura no presencial en
aplicación del criterio del TC sobre Carles Puigdemont y con una
denegación del permiso, se encontrará con un nuevo dilema: seguir
adelante con el pleno de investidura pero con un nuevo candidato o
suspenderlo de nuevo y recapacitar sobre el siguiente paso, muy
posiblemente la opción de presentar a Jordi Turull.
5. En caso de que se incline por repetir la misma actuación que ya siguió en la investidura de Puigdemont, el Constitucional cuenta con un seguro que evitará una nueva congelación de los plazos y
que puede activar para poner en marcha el tiempo de descuento de dos
meses para la celebración de nuevas elecciones. Este martes, el pleno
del TC admitió a trámite un recurso presentado por los socialistas
catalanes contra la parálisis de la cámara, pero decidió no pronunciarse
aún sobre las medidas cautelares que pedía el PSC para desanclar los
plazos.
6. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que los 12 magistrados pueden introducir el estudio de esta decisión en cualquiera de sus próximos plenos ordinarios.
Como ya apuntan en una providencia, el tema "trasciende del caso
concreto, porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".
Hay un pleno cada dos semanas y la cuestión se puede incorporar en
cualquier momento, precisan.
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