No, no son las mujeres, ni los jubilados, considerados como bloque quienes reciben un peor trato o son discriminados,
sino las madres por la brecha salarial y la desigualdad de
oportunidades, las viudas perceptoras de una parte desproporcionadamente
pequeña de la pensión de sus esposos difuntos y los parados de larga
duración para quienes el gobierno ha sido incapaz de desarrollar una
política digna de este nombre, y la oposición parlamentaria proponerla.
También los jóvenes, porque son quienes en una mayor medida han visto
reducir sus ingresos a causa de la crisis, acentuando el problema que
hace años que se arrastra: el desequilibrio generacional en las
prestaciones, mucho peores entre los menores de 25 años que en los
mayores de 65. Tampoco son los homosexuales, solos o en pareja, los más
discriminados, sino las familias numerosas, los inmigrantes y los
pobres que viven en la calle.
Son todos estos grupos los que deben recibir políticas de apoyo:
madres viudas de bajos ingresos, parados de larga duración, jóvenes,
familias con hijos, inmigrantes y homeless. Pero ni la ceguera de la
ideología dominante ni el mercado electoral conducen a gobernar con
justicia a la sociedad, por el desastre de los partidos; “la clase discutidora“ en feliz descripción de Fernando Vallespin, la clase inútil, podría añadir, porque de sus manos surgen más pugnas, peleas y descalificaciones, que buenas políticas.
La ideología dominante controlada por la perspectiva de género predica la lucha de clases entre hombres y mujeres, y esa concepción ha decretado que son “todas” las mujeres las que están discriminadas, con lo cual difuminan y perjudican a las que realmente lo están.
Las madres, porque ellas
son la principal explicación de la llamada “brecha de género” que
implica un ingreso por hora trabajada inferior, entre un 11 y un 14%, al
percibido por los hombres. Hablar de brecha de género es en realidad hablar de brecha de maternidad.
Un problema que no se resolverá mientras los poderes públicos no
establezcan los medios adecuados. Desde la conciliación a unas ayudas y
servicios reales a los hijos, desde los incentivos para la contratación
de madres a las disposiciones para que puedan alcanzar la igualdad de
oportunidades. La mujer debe poder elegir siendo madre si prefiere
quedar al cuidado de sus hijos o mantener su vida laboral. El derecho a
elegir es fundamental, y no existe. Y junto con las madres, son las viudas
que, después de una vida entregada a levantar una familia, percibe con
65 años 8.905 euros al año, u 8.330 euros si está en una edad previa a
la jubilación. Si es un hombre la pensión mínima será, asimismo muy baja
entre10.988,60 euros si tiene cónyuge a cargo y 8.449€ si no es el
caso. Todos ellos resistirán muy mal el embate de la inflación con un
aumento limitado al 0,25%, como lo constata la evidencia de que el
riesgo de pobreza relativa en España estaba en el 2016 en 10.269 €. Esta
constatación no significa que aquel pírrico aumento no resulte lesivo
para todos los jubilados, sino que existe un grupo que resulta
severamente castigado y cuya solución es prioritaria.
Porque, como conjunto, los jubilados son el único colectivo que no ha
salido mal parado de la crisis. Si antes que ella (2008) su renta media
era de 26900 euros (entre los 65 y 74 años) y era la mas baja de los
tres grupos de edad, la de menores de 35 años (34.300€) y lógicamente el
de la edad de rentas más altas (45-54años), en el 2014 era la única que
había crecido hasta los 29700 € y se han acercado mucho al grupo de
renta máxima, que ha decrecido (33200 €), superando al de los más
jóvenes, que ha descendido hasta los 25.500 €. También son el colectivo
con mayor media de riqueza y asimismo el único que ha crecido, 394.400
€, casi cinco veces más que los jóvenes de menos de 35 años, y cerca de
doblar la cifra de la población del 45-54 años. Todo esto enmarca la
naturaleza de las políticas justas a aplicar y su jerarquía interna.
Los parados de larga duración significan
algo más de un millón de personas, un número grande para el
sufrimiento, pero abarcable para unas políticas públicas específicas
dirigidas a recuperarlos para el empleo. España es uno de los países con
peores políticas activas, y esto es trágico. Y no sirve el argumento de
que una parte de ellos en realidad trabajen en negro, entre otras
razones, porque abordar esta cuestión significa también disminuir esa
bolsa de fraude.
En su conjunto, los jóvenes sí que han visto muy destruida su situación y perspectivas. Su
tasa de paro está en el 37,5%, 21 puntos porcentuales por encima de la
UE; más del doble, dicho en otros términos, y el 29,6 se encuentran en
riesgo de pobreza, 7 puntos más que el conjunto de la población
española. Los que trabajan constatan como sus ingresos son los que mas
han caído. La cifra de ninis también bate récords europeos, con el
escándalo añadido de que la aplicación de los fondos de la UE, la
llamada garantía juvenil, ha sido un fracaso. O sea, que en este caso ya
no es una cuestión de dinero el problema, sino de funcionamiento de las
Administraciones públicas.
Y que decir de la explotación laboral de los trabajadores inmigrantes,
sobre todo en el ámbito rural, aprovechando su situación irregular que
les impide trabajar. Hay ahí un agujero negro moralmente inaceptable,
donde han caído decenas de miles de personas.
Pero donde la falta de atención supera todos los límites es en el caso de los homeless,
la gente que vive en la calle. Es la situación de más radical pobreza,
carecer de cuatro paredes en las que refugiarse, y también la más fácil
de erradicar por su dimensión. En una ciudad como Barcelona, con
finanzas saneadas, gobernada por una opción, la de Ada Colau, que se
vanagloria de dar prioridad a los más desfavorecidos, el número de
personas que viven en aquellas condiciones no ha disminuido en lo
absoluto. Son algo más de un millar de personas. Mucha burocracia,
asistentes y discursos para producir la nada con sifón. Finlandia, el
país nórdico de menor renta, lo ha resuelto totalmente.
Y mientras, el discurso y las leyes han dado a la homosexualidad condiciones de privilegio,
los grupos realmente discriminados, como los apuntados, a los que
cabría añadir las mujeres traficadas, más indefensos más pobres,
vulnerables y atacados, están al margen de toda norma legal. No solo
eso, sino que en el caso de determinadas comunidades, como Cataluña, su
Parlamento se negó a incluir en su ley antidiscriminación a todo grupo
que no fuera el LGBTI.
Y la injusticia con las familias con hijos, especialmente las numerosas.
También en ayudas se está a la cola de Europa, abandonando a su suerte a
quienes precisamente más contribuyen al futuro del país. En sus manos
está la población activa, los ingresos fiscales y el pago de las
pensiones futuras. A pesar de ello, sus padres experimentan una doble
discriminación, el coste sin apenas compensación de sus hijos, y la
desventaja frente a quienes no se encuentran en esta circunstancia, para
alimentar un plan privado de pensiones.
Es
la cultura dominante del génder y sus lobbys financiados por los
poderes públicos en una medida determinante, los que señalan que es y
que no es discriminación en lugar de partir de los hechos. Todo ello con
la colaboración cómplice de unos grupos de comunicación que, en lugar
de aproximar la realidad actúan como simple correa de trasmisión
ideológica.
JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL Vía FORUM LIBERTAS
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