Los académicos no solo discrepan sobre la solución de la crisis catalana sino también sobre su origen, en una actitud que recuerda a la de los partidos políticos
Ilustración: RAÚL ARIAS
Las posturas sobre Cataluña y una posible reforma constitucional para
resolver su crisis de 'encaje' en España han provocado un agrio debate
entre medio centenar de catedráticos de distintas disciplinas y más de
70 profesores y personalidades públicas, que ha pasado desapercibido
pero que es un asunto de importancia. Los términos de la cuestión se han
sustanciado en dos manifiestos, breves y muy incisivos, el primero
titulado 'Renovar el pacto constitucional' (difundido en 'Público' el pasado día 11),
suscrito por 23 catedráticos que propugnan una reforma de la
Constitución de corte federal y en el que explican las graves
responsabilidades contraídas por el Tribunal Constitucional
por su sentencia sobre el Estatuto catalán de 2006, y el segundo, bajo
el rótulo de 'Renovar el pacto constitucional: ¿con qué fin?' ('El Mundo' del pasado día 14), firmado por otros 24 catedráticos y en el que se refutan las tesis del anterior.
El primero de los manifiestos se queja de que el independentismo catalán “ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta” e insta a hacer “autocrítica”. Tras asegurar que habría que modificar la Carta Magna para federalizar España y así acomodar “las reivindicaciones de carácter identitario”, sitúa el origen del conflicto catalán en la sentencia del TC 31/2010 que resolvió el recurso interpuesto por el PP. Sostienen los firmantes que la ciudadanía “se sintió engañada” y que el alto tribunal “impuso una visión unilateral del pacto constitucional”. A partir de ello, dicen, el "Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte". Califican de “pésima” la gestión tanto de la crisis catalana como de la económica, y acusan al Estado de prácticas de recentralización, de tal manera “que todo camina hacia atrás”, y ponen como ejemplo la sentencia del TS de Canadá sobre Quebec como referente de una posible solución.
El primero de los manifiestos se queja de que el independentismo catalán “ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta” e insta a hacer “autocrítica”. Tras asegurar que habría que modificar la Carta Magna para federalizar España y así acomodar “las reivindicaciones de carácter identitario”, sitúa el origen del conflicto catalán en la sentencia del TC 31/2010 que resolvió el recurso interpuesto por el PP. Sostienen los firmantes que la ciudadanía “se sintió engañada” y que el alto tribunal “impuso una visión unilateral del pacto constitucional”. A partir de ello, dicen, el "Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte". Califican de “pésima” la gestión tanto de la crisis catalana como de la económica, y acusan al Estado de prácticas de recentralización, de tal manera “que todo camina hacia atrás”, y ponen como ejemplo la sentencia del TS de Canadá sobre Quebec como referente de una posible solución.
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