La Guardia Civil halló en el despacho del actual jefe político de TV3, Antoni Molons, las cartas que iba a enviar el Govern comunicando que dejaban de estar en vigor las licencias actuales de radio y TV
Carles Puigdemont en Berlín. (EFE)
El Govern de Carles Puigdemont tenía listo un plan para expropiar las licencias de radio y televisión a todos los medios nacionales que emiten en Cataluña en cuanto se produjera la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). La Guardia Civil encontró en un despacho del Palau de la Generalitat las cartas que el Ejecutivo de Junts pel Sí ya había redactado para comunicar oficialmente a los presidentes de Atresmedia, Cope, Corporación RTVE, Mediaset, Movistar, Grupo Prisa, Unidad Editorial
y Vocento que tendrían que someterse a un nuevo proceso de adjudicación
de frecuencias para poder seguir operando en territorio catalán.
Las misivas aparecieron dentro de un cuaderno descubierto en el despacho de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia durante el mandato de Puigdemont. La Guardia Civil detuvo a este alto cargo del PDeCAT muy cercano a Artur Mas el pasado 15 de marzo
por su papel directivo en la campaña de publicidad institucional del
1-O. Está imputado por malversación de caudales públicos y desobediencia
en la causa contra el procés que instruye el Juzgado número 13 de
Barcelona. Pese a ello, Quim Torra lo acaba de rescatar para su Gobierno
nombrándolo secretario de Comunicación y de Medios de Comunicación,
desde donde controla la Corporación Catalana de Medios de Comunicación
(TV3 y Catalunya Ràdio) y el maná de las subvenciones a los medios.
La
documentación localizada en su oficina del Palau confirma que participó
activamente en el diseño de los pasos que debía dar Cataluña en los
campos de la comunicación y la información para consolidar su ruptura
con el resto de España. Las cartas que iban a recibir los presidentes de
los grandes medios nacionales son concluyentes. "Como bien sabe, Cataluña se ha constituido, por la vía de un proceso democrático, en un nuevo estado de Europa",
arrancaba la misiva. "Como titular de Servicios de comunicación
audiovisual que se prestan en Cataluña, le informamos que, para dar
seguridad jurídica a todos los prestadores, se mantienen de manera
provisional las condiciones respecto a la emisión de estos servicios y
al uso del espectro radioeléctrico que estos conllevan", continuaba,
antes de anticipar los cambios que implicaba la nueva situación.
"Próximamente le informaremos sobre cómo se llevará a cabo el proceso
para otorgar de manera definitiva las pertinentes licencias
para prestar los Servicios de comunicación audiovisual en Cataluña de
acuerdo con el marco jurídico que en su caso, se pueda determinar. Para
cualquier duda o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros",
terminaba la carta.
Según un informe de la Guardia Civil del pasado 12 de junio, la libreta en la que aparecieron las misivas "recoge una serie de medidas dirigidas a la creación de un Estado catalán
y a garantizar el funcionamiento durante la etapa inicial". El cuaderno
no tiene fecha pero tenía "una marca de agua en diagonal y que recoge
la inscripción 'Versió impresa a abril de 2016'". Asimismo, añade el
informe, aparece en sus hojas "el logo y el nombre de la Generalitat".
Molons
también tenía preparadas otras cartas para comunicar inmediatamente la
creación de un nuevo espectro radioeléctrico a las autoridades españolas
e internacionales. Una de ellas estaba dirigida al ministro de
Industria, Energía y Turismo en el momento en el que se redactó el
documento, José Manuel Soria (dimitió el 15 de abril de 2016 por el escándalo de los Papeles de Panamá).
"Apreciado ministro (…) Cataluña dispone ahora de plenas competencias
en el ámbito de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación
audiovisual, y quería expresarle nuestra más sincera voluntad de
colaboración entre los dos países en todo aquello que hace referencia a
este marco competencial", recogía el documento.
La
Generalitat advertía en una carta al ministro Soria de que iba a
liquidar las licencias de emisión de radiotelevisión en el suelo catalán
A continuación, la Generalitat advertía al ministro de que iba a liquidar las licencias de emisión en el suelo catalán.
"Quería informarle que hemos comunicado a todos los titulares de los
servicios de comunicación audiovisual que prestan servicios de
comunicación en nuestro país, algunos de ellos desde el estado español,
que de manera provisional se mantienen las condiciones respecto a la
emisión de estos servicios en Cataluña y al uso del espectro
radioeléctrico que estas conllevan", planteaba la carta antes de
comunicar los cambios supuestamente provocado por la DUI. "Próximamente
les informaremos sobre cómo se llevará a cabo el proceso para otorgar de
manera definitiva las pertinentes licencias para prestar los servicios
de comunicación audiovisual en Cataluña de acuerdo con el marco jurídico
que en su caso, se puede determinar".
Cartas
similares a la que iba a recibir el Gobierno de España estaban listas
para ser remitidas al ministro de Economía, Industria y Nuevas
Tecnologías de Francia, un cargo que en aquel momento ostentaba el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron;
así como a los máximos responsables de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), el Grupo de Reguladores Europeo para los
Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA), la Unión Europea de
Radiodifusión y el Organismo de los Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas (BEREC). La Generalitat pretendía ocupar su
propio asiento en esas organizaciones.
De hecho, los investigadores también hallaron en el despacho de Molons estudios sobre "la sucesión [de Cataluña] en la condición de parte de los tratados multilaterales
ratificados por el Reino de España" en las áreas de la comunicación y
la información, y documentos que recogen la creación de una "Agencia
Gubernamental, un Consejo Nacional, su estrategia y un plan nacional de
Ciberseguridad, así como se esboza la Ley de Ciberseguridad de
Cataluña".
"Este proceso de desconexión con la elaboración de estas estrategias no son fruto de operativas de salón, sino que tenían un objetivo real
que no era otro que la declaración de independencia y proclamación de
un nuevo estado", señala el informe de la Guardia Civil, al que ha
tenido acceso este diario. "Es por tanto lógico e indudable que en estos
planteamientos se empleasen recursos públicos, tanto humanos como
económicos", añade el informe, reforzando las acusaciones por
malversación de caudales públicos que recaen sobre Molons y otros altos
cargos del gabinete de Puigdemont. "Por el lugar y la persona donde y a
la que se encontraron estos documentos, el despacho (en Palau de la
Generalitat) de Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención
Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, refuerzan
lo mentado en párrafos anteriores", concluye el informe.
JOSÉ MARÍA OLMO y BEATRIZ PARERA Vía EL CONFIDENCIAL
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