Torra vuelve a las andadas ante la debilidad del Estado

NANDO GALINDO / EFE

La piedra de toque del Gobierno de Pedro Sánchez, dure lo que dure, no será tanto la endeblez de su base parlamentaria, que también, sino su respuesta al desafío secesionista. Porque de lo que no cabe ninguna duda ya a estas alturas es que, a pesar del cambio de color en La Moncloa, el independentismo mantiene incólume su voluntad de desbordar los límites legales para acometer un proyecto cada vez más disgregador y excluyente. En la entrevista que hoy publica EL MUNDO, Margarita Robles sostiene que la posición del PSOE es la de una defensa "a ultranza" del Estado de derecho y la Constitución. La ministra de Defensa apela a la exigencia de limitar cualquier vía de diálogo con la Generalitat al marco constitucional. En todo caso, se muestra a favor del traslado a cárceles catalanas de los políticos presos "si el juez no tiene que tomar ninguna decisión sobre diligencias procedimentales".

El Gobierno está modulando sus mensajes para allanar el camino ante la reunión entre Sánchez y Quim Torra. Lo lacerante es que, tras aplicarse el artículo 155, el Govern muestra síntomas inequívocos de volver a las andadas. Torra y sus socios siguen parapetados en la misma posición intransigente y radical que hizo descarrilar a Puigdemont. El president ha restituido el servicio de propaganda del Diplocat, ha reabierto las embajadas en el exterior y ha rescatado TV3 con una inyección de 20 millones de euros. Además, exige "una relación bilateral", como si fuera un jefe de Estado y no el presidente de una región, desdeñando que Sánchez le incluya en el "paquete" de las CCAA en su ronda de entrevistas. Incluso ha avisado que piensa boicotear la visita del Rey la semana entrante con motivo de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona.

No se entiende, en un contexto en el que el Gobierno catalán ha dejado claro que el reto soberanista sigue en marcha, que una de las primeras medidas de Sánchez haya sido el levantamiento del control financiero de la Administración catalana. Con sus concesiones, Sánchez ha roto la unidad del bloque constitucionalista tras recibir el apoyo de los secesionistas a la moción de censura y después de que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, volviera a desempolvar la idea socialista, tan inconcreta como vaporosa, para modificar la Carta Magna en sentido federal. Es un grave error lanzarse a una reforma así sin consenso y con el único fin de saciar el interminable apetito de los nacionalistas. La prioridad de Sánchez, mientras el Govern no se aquiete al marco de relaciones ordinario de comunidad autónoma, debe consistir en hacer frente al embate secesionista. Cualquier acercamiento en vano puede salirle muy caro al Estado.



                                                                             EDITORIAL  de EL MUNDO