Por iniciativa del nuevo gobierno socialista, el Congreso de los Diputados ha tomado en consideración, por una amplia mayoría, la tramitación de una ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido.
Solo se opusieron el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Sorprendentemente, Ciudadanos, que había presentado una iniciativa
propia basada en los cuidados paliativos y que había anunciado su
abstención, también votó a favor. Es evidente que en las cuestiones de
orden moral y antropológico no existen diferencias apreciables entre este grupo y el PSOE.
Acordada la toma en consideración, ahora se iniciará la tramitación de
la ley que se resolverá a lo largo del otoño. Sin entrar aquí en más
detalles, sí hay que decir al menos dos cosas: primera,
los supuestos que define de entrada el proyecto son muy genéricos y en
este sentido son una eutanasia y un suicidio asistido mucho más
“generosos” que los de Holanda. La segunda consideración
es que nuestra sociedad tiene una especial tendencia a incumplir la ley
en beneficio propio. Solo hay que recordar el abuso que se hacía de la
primera ley sobre el aborto, a pesar de que estaba basada en una
perspectiva restrictiva, otorgando derechos al no nacido y estableciendo
supuestos de excepción para estos derechos. A pesar de ello, en la
práctica, España se convirtió en un paraíso del aborto libre en Europa.
Solo el hecho de que la querella de e- Cristians
y las pruebas aportadas consiguieran llevar al Dr. Morín a los
tribunales, les impulsó a cambiar la legislación para acoger las
prácticas tan libres que se llevaban a cabo. Tenemos el riesgo de que
con la eutanasia suceda un hecho similar. Más cuando la definición de
los supuestos deja un amplio campo a la interpretación, es decir, a la
oportunidad.
Todo ello conlleva una
consideración necesaria. Las personas no decidimos nunca solas, aisladas
del contexto. La presión cultural y mediática ensalzando la eutanasia
como la “gran solución”, impulsará la presión familiar u hospitalaria sobre el ser humano descartado.
Al mismo tiempo, su vigencia a cargo de la sanidad pública situará en un segundo plano a los cuidados paliativos, como ya ha sucedido en los países en los que está aprobada. Y este es un anuncio terrible para todos.
Por otra parte, el derecho a la objeción de conciencia,
que reconoce la ley basada en el registro previo, es un instrumento de
presión para que esta no se ejerza, dado que muchos facultativos de la
Sanidad Pública tendrán temor a las consecuencias de oponerse a lo que
la dirección de la Sanidad Pública hospitalaria desea.
La respuesta de las personas que defienden la dignidad de la vida, y en particular la de los cristianos, es muy importante.
¿Servirá esta iniciativa para despertar las conciencias adormecidas,
que se camuflan en el día a día, para no asumir las afrentas que
plantean al plan de Dios unas instituciones y una cultura hegemónica
acristiana? ¿Seremos capaces de afrontar con un testimonió colectivo los
nuevos ídolos? ¿O acaso, ya solo somos capaces de manifestarnos por lo
políticamente correcto?
La eutanasia enmascara numerosos peligros y grandes discriminaciones sociales.
El más obvio, el pensar que la muerte programada garantiza la ausencia
de sufrimiento. Sobre la discriminación social basta con recordar como en Portugal, con una iniciativa más garantista que la española, no prosperó la ley en parte por el voto en contra del partido comunista,
que consideraba que su aplicación, sin tener desplegado al 100% los
cuidados paliativos, lo que hacía era presionar para que emprendieran el
camino de la muerte las personas con menores ingresos.
EDITORIAL de FORUM LIBERTAS
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