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domingo, 27 de enero de 2019
El verdadero giro de Casado: enmienda a Rajoy y Aznar con la defensa del español
El Grupo Popular propone ahora una
ley que nunca promovió desde el poder con el fin de garantizar "el
ejercicio del derecho constitucional de uso del castellano en toda
España"
Pablo Casado a su llegada a Fitur esta semana. (EFE)
El Grupo Popular ha llevado al Congreso la primera enmienda escrita al pasado de sus gobiernos, los de Mariano Rajoy y de José María Aznar,
al proponer una ley que nunca se atrevieron a plantear cuando
estuvieron en el poder. "Promover una legislación básica que garantice
el ejercicio del derecho constitucional de uso del castellano en toda España" es uno de los principales compromisos adquiridos por Pablo Casado en la última Convención Nacional que viene a corregir la debilidad, dejadez o inoperancia de los ejecutivos del PP en la materia desde 1996.
La misma mañana en que el expresidente del gobierno autonómico balear y senador, José Ramón Bauzá, anunciaba su marcha por la "política lingüística"
del partido, en la dirección del PP no daban crédito al pretexto
esgrimido por su exdirigente y al momento elegido para anunciar la
dimisión. En fuentes de la sede de Génova recordaban que Bauzá no tuvo
empacho alguno en ser nombrado senador por designación de
la Cámara regional hace tres años y medio y que solo le ha horrorizado
esa política cuando a cuatro meses de las elecciones sabe que no le iban
a mantener el escaño.
Además, insistieron en los mismos medios, la
rectificación del 'nuevo PP' había quedado clara en la asamblea del fin
de semana, e incluso se plasmaba ese mismo día en forma de proposición no de ley registrada en el Congreso.
"Casado,
e incluso Feijóo, zanjaron la cuestión", añadían en fuentes de la sede
de Génova después de reconocer que la inoperancia en la defensa de la
lengua común les había hecho mucho daño, primero en Cataluña desde la
etapa de Aznar y ahora en Baleares. El primero dejó hacer a Jordi Pujol durante su mandato y Rajoy tampoco se atrevió a intervenir para hacer respetar a la Generalitat los derechos lingüísticos de los ciudadanos, ni en la educación ni en ningún ámbito.
Ciudadanos
supo sacar partido electoral de ese abandono del PP en la defensa del
castellano en Cataluña y ahora son los movimientos ciudadanos que hacen
frente a la imposición del catalán en Baleares los que se presentan como plataforma para la irrupción de la coalición de Actúa Baleares y Vox en la Cámara regional. Bauzá no se ha lanzado al vacío, sino al agua y para nadar a favor de la corriente.
El fichaje de una figura de peso y prestigio en Palma de Mallorca como es el exjefe de Estado Mayor del Ejército, Fulgencio Coll, para las municipales en la capital balear es ya la mejor cabeza de puente que tienen los de Santiago Abascal en la isla para hacerse hueco a costa de populares y riveristas.
Méndez
de Vigo junto a su antecesor José Ignacio Wert, durante la colocación
de un retrato de este último en la sede ministerial en 2017. (EFE)
Visto
el panorama, Casado fuerza un giro que permita a su partido recuperar
la credibilidad perdida al no acertar en la defensa de los derechos
lingüísticos al no hacer cumplir a la Generalitat los fallos de los
tribunales en la materia ni a imponer las competencias de la alta
inspección del Ministerio de Educación. Por ese departamento han pasado Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Pilar del Castillo en la etapa de Aznar (1996-2004) y José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo
en el último gobierno del PP (2011-2018) sin haber podido o sabido
poner freno al arrinconamiento del castellano y la propaganda
nacionalista en el sistema educativo catalán.
"Nosotros
aprobaremos una ley que garantice la enseñanza en castellano en toda
España y erradique el adoctrinamiento nacionalista y el dogmatismo de la izquierda".
Esa es la frase que el presidente del PP incluyó en su discurso de
clausura de la Convención Nacional dentro del capítulo de grandes
compromisos con la sociedad para las próximas citas electorales.
En
el texto registrado en el Congreso para su debate en pleno, el Grupo
Popular esgrime como competencia constitucional la obligación de la
Administración central de intervenir directamente en la tutela del castellano como "lengua vehicular" en vez de delegar todo a los gobiernos autonómicos como pretende Pedro Sánchez dentro de sus concesiones al gobierno de Quim Torra.
Y sigue la proposición de ley del PP: "Un Estado de Derecho
no puede permanecer impasible ante la vulneración de los derechos
lingüísticos de los ciudadanos en cualquiera de los ámbitos en que esta
se produzca. Es inadmisible que los ciudadanos vean defraudados sus
derechos, obligados a acudir a los tribunales de Justicia frente a las
administraciones que hacen uso partidario de las lenguas para abanderar postulados ideológicos de segregación, exclusión y enfrentamiento".
En
una enmienda a la práctica política de los gobiernos del PP, Casado
promete ahora una reforma educativa que garantice "el derecho a la
enseñanza del castellano y en castellano en toda España en el marco de
un bilingüismo o plurilingüismo integrador".
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