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lunes, 21 de enero de 2019
POR QUÉ EL JUICIO DEL 'PROCÉS' SALDRÁ MAL PARA TODOS
Se está configurando un escenario
perverso para que las posibles condenas que salgan del Supremo acaben
luego enmendadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), el presidente de la
Generalitat de Cataluña, Quim Torra (d), y el presidente de Foment,
Josep Sánchez Llibre. (EFE)
Hay acontecimientos que se sabe que van a acabar mal mucho antes de
que empiecen. Que están gafados desde su inicio. El juicio del ‘procés’
que está a punto de comenzar es uno de ellos. No puede acabar bien. Es
imposible. No puede acabar bien para nadie.
La entrevista
que el líder de la Crida y actual hombre fuerte del independentismo,
Jordi Sànchez, concedió a El Confidencial desde la prisión de Lledoners
(“no tengo la intención de responder a Vox,
no quiero hacerles la campaña electoral”, “si el Supremo no me permite
expresarme en catalán, merma mis derechos”, “reclamamos la presencia de observadores internacionales porque la instrucción no fue un procedimiento justo”) anticipa el escenario.
Si
a eso sumamos el despliegue de cadenas como TV3 o La Sexta, cuya
intención es retransmitir íntegramente el juicio, con análisis en
directo y tertulias improvisadas a las puertas del alto tribunal, el resultado final no diferirá mucho de un circo. Pero no un circo como el de Cecil B. DeMille en ‘El mayor espectáculo del mundo’ sino más bien como el de ‘La parada de los monstruos’, hiperbólico y repleto de friquis.
Se
quiere teatralizar el juicio para deslegitimarlo, hacer ver que es un
problema político agrandado por la derecha y por unos jueces
tardofranquistas
Esta
teatralización que algunos de los actores pretenden hacer de la causa
no busca sino deslegitimar la sentencia que salga de la misma, sea cual
fuere esta. Su intención es hacer ver que este proceso no es serio, que
se trata de un mero problema político agrandado por los partidos de la
derecha y unos jueces tardofranquistas.
Todo ello para que las posibles condenas que salgan del Supremo acaben luego enmendadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los independentistas y el Gobierno de Pedro Sánchez están abonando el
camino para que así sea. Da la impresión incluso de que el segundo
trabaja más concienzudamente que los primeros para la consecución de
este objetivo.
El
presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas (d),
conversa con el magistrado Cándido Conde Pumpido (i), en el acto
conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución. (EFE)
La campaña internacional de 'lobby' que están haciendo la Generalitat y las organizaciones secesionistas, con el 'president' Quim Torra dando conferencias en la Universidad de Stanford y la reapertura de ‘embajadas’
en plazas tan simbólicas como Washington o Berlín, acaso una maquinaria
de propaganda perfectamente engrasada para difamar a la democracia
española, atacar al Rey y aventar la idea de que hay ‘presos políticos’,
toda esta campaña, digo, no es ni la mitad de efectiva que el plan de
desinflamación puesto en marcha desde la Moncloa.
“Si tú estás acusando a estos señores de delitos tan graves como los de sedición y rebelión, pero luego los utilizas como interlocutores válidos para llegar al poder
[moción de censura] o para mantenerse en el mismo [aprobación de
Presupuestos], es decir, como interlocutores políticos válidos, lo que
estás haciendo es legitimar sus argumentos. Estás diciendo: estos
señores son unos políticos tan válidos como los demás que han sido
encarcelados por sus ideas”, explica un abogado del Estado que prefiere
permanecer en el anonimato.
“Así es como lo van a entender en el
Tribunal de Estrasburgo, que está compuesto por un amplio abanico de
jueces europeos, alemanes, holandeses, italianos, que carecen de la
capacidad de comprensión de matices necesaria que requiere esta causa”.
La
política gestual de Sánchez, por mucho que se enmarque dentro de la
Constitución, no es inocente y tendrá consecuencias en Estrasburgo
Al
contrario de lo que algunos intentan hacer creer, la política gestual
del Ejecutivo de Madrid, por mucho que se enmarque dentro de la
Constitución, no es inocente e implica concesiones al independentismo.
No solo por las contraprestaciones económicas recogidas en los
Presupuestos sino por la legitimación del relato. Primero se asume el
lenguaje, luego se premia la deslealtad de la Generalitat con más
inversiones y, por último, se les pone una alfombra roja para que puedan
acudir a Estrasburgo con ciertas garantías.
Al fin y a la postre, esta política de blanqueamiento lo único que hace es desnaturalizar los graves acontecimientos acecidos en el otoño de 2017,
restarles la gravedad que realmente tuvieron y transmitir la idea de
que los desórdenes públicos de aquellos días no difieren de los de los taxistas cortando la Gran Vía en Barcelona.
Por
mucho que miembros del Ejecutivo de Madrid vayan por ahí repartiendo
‘pastillas para la amnesia’ entre medios de comunicación y
representantes de la magistratura, lo cierto es que el 20 de septiembre
de 2017 una multitud liderada por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, 'los
Jordis', impidió por la fuerza salir de la Conselleria d’Economia a la
comitiva judicial y a los agentes de la Guardia Civil enviados por el
magistrado del 13. Aquel día
se sustrajeron armas, se destrozaron coches oficiales y se
instrumentalizaron los hechos para dar un barniz popular al referéndum
ilegal del 1-O que condujo a la declaración de independencia.
El Gobierno de Sánchez
sería la mano que mece la cuna del 'procés'. Su política de
desinflamación no busca sino descafeinar la causa contra los
independentistas para seguir contando con su apoyo. No solo ahora con
los Presupuestos sino tras las elecciones generales, consciente de que sus votos serán indispensables para mantenerse en la Moncloa, especialmente tras la implosión de Podemos, su principal socio parlamentario.
El
nuevo contexto político amenaza con romper la unanimidad con que el TC
ha ido resolviendo los temas relacionados con la cuestión catalana
Los
gestos que desde el poder ejecutivo están haciendo crujir las cuadernas
del poder judicial empiezan a conformar una lista cada vez más nutrida:
primero fue el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, rebajando
a la mitad las penas que en principio tenía pensado pedir para los
dirigentes secesionistas; luego vino el movimiento impulsado por el
propio presidente del Gobierno para sacar al incontrolable
Marchena de la sala que tenía que juzgar el 'procés' y colocarlo al
frente del CGPJ, y ahora parece llegarle el turno al Tribunal
Constitucional.
Las palomas mensajeras de Moncloa han comenzado a
sobrevolar Doménico Scarlatti. El nuevo ‘contexto’ político, en el que
ha desaparecido cualquier vestigio del otrora bloque constitucionalista,
y esa sensibilidad sobrevenida en algunos miembros de la magistratura, perceptible en el recurso
presentado por Oriol Junqueras contra la prisión provisional, en el que
esgrime la sentencia del TEDH que insta a Turquía a dejar en libertad
al líder prokurdo Demirtas, amenazan con romper la unanimidad con que el
TC ha ido resolviendo los temas relacionados con la cuestión catalana.
No hay escenario peor para el Estado que un Tribunal Constitucional
dividido en dos y con un puñado de votos particulares respecto a la
sentencia que salga del Supremo. Pero el ‘procés’ lo devora todo.
Personalidades e instituciones están cayendo cual fichas de dominó.
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