No se puede comparecer ante un tribunal de Justicia como si fuera una comisión parlamentaria, un mitin electoral o la confesión de parte en unos ejercicios espirituales
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en una imagen de archivo en el Parlament. (Reuters)
Hay cosas tan amarradas al sentido común que hacen innecesario cualquier análisis racional. Si Oriol Junqueras se presenta ante tres magistrados solo como "hombre de paz" olvidando su deber de conducirse también como "hombre de ley", lo normal es que los servidores de la ley rechacen sus argumentos. En este caso, la sala de apelaciones del Tribunal Supremo no se ha creído ni lo uno y lo otro.
Es como si un cura pederasta (que los hay, oiga) apelase ante la Justicia de los hombres a su benemérita condición sacerdotal para hacerse perdonar su comportamiento delictivo. Oiga, a Dios lo que es de Dios. Y a la política, lo que es de la política. No se puede comparecer ante un tribunal de justicia como si fuera una comisión parlamentaria, un mitin electoral o la confesión de parte en unos ejercicios espirituales.
A la vista de los antecedentes, las alegaciones de Junqueras y las de su abogado defensor, los tres magistrados valoraron si la libertad provisional del líder de ERC pondría en peligro la paz ciudadana por reiteración delictiva. A eso se atuvieron. No al pacifismo, las convicciones religiosas, la voluntad de pacto o el talante negociador del recurrente para explorar las posibilidades de alcanzar tal o cual objetivo político.
A los jueces les da igual la fe política de Junqueras si no la hace valer mediante comportamientos presuntamente delictivos. Si ha vuelto a la cárcel de Estremera tras su paso por el Tribunal Supremo, es por esos comportamientos y por el riesgo de que los reprodujera si fuera excarcelado ahora. "No se trata de impedir que vuelva a defender su proyecto político, sino que lo haga de la misma forma", dice el auto de la sala de apelaciones que conocimos ayer.
Y si la sala de apelaciones ha decidido mantenerlo en la cárcel, dando por buena una de las medidas cautelares dictadas en su día por la jueza Lamela y ratificadas por el juez Llarena, no es porque Junqueras abrace la causa independentista sino por el riesgo de que en libertad provisional puede incurrir en reiteración de dichos comportamientos presuntamente delictivos. Tal y como vienen descritos 'a priori' en el Código Penal. No en normas dictadas al margen de la legalidad vigente. Y, por supuesto, al margen de que encajen o dejen de encajar en los códigos políticos, morales o religiosos de Junqueras.
Los morales se condensan en esa autodefinición de "hombre de paz". La misma que Zapatero e Iglesias Turrión dedicaron en su día al exetarra Arnaldo Otegui. Los políticos caben en el compromiso de "avanzar en la construcción de la república independiente de Cataluña". Eso dijo ERC en la reciente campaña electoral. Y eso también ha pesado en los magistrados al rechazar el recurso de Junqueras por apreciar un riesgo de reiteración delictiva en la excarcelación de Junqueras.
En el terreno estrictamente político habría serios motivos de preocupación si el programa electoral de ERC fuera de obligado cumplimiento. Pero no lo es porque carece de recorrido. Por el horizonte judicial de los líderes independentistas y por la sabida lección de que el Estado de derecho resultó más fuerte de lo previsto. "Es fácil llegar a la conclusión de que el Estado español no permanecería pasivo ante la vulneración reiterada de la Constitución", dice el auto del Supremo.
La pretensión independentista de seguir por el mismo camino, insisto, es pólvora mojada. No solo por las razones antedichas. También por la falta de norte entre sus principales líderes, que además están enfrentados entre sí. Junqueras, sin plan B tras el jarro de agua fría, ha de elegir entre repliegue táctico o vuelta a las andadas. Y Puigdemont, que no quiere apearse del papel de mártir que tan buen resultado le dio en las urnas, está condenado a elegir entre cárcel y autodestierro.
La tensión entre ellos es evidente porque compiten por la presidencia de la Generalitat. En ERC dicen públicamente que apuestan por restituir a Puigdemont, indebidamente destronado por Rajoy, a sabiendas de que el retorno significaría su inmediata detención. Así que le interpelan públicamente sobre cómo piensa lograr la investidura, mientras advierten de que no la facilitarán mediante una modificación reglamentaria, al tiempo que se ofrecen: "ERC asumirá sus responsabilidades".
ANTONIO CASADO Vía EL CONFIDENCIAL
Es como si un cura pederasta (que los hay, oiga) apelase ante la Justicia de los hombres a su benemérita condición sacerdotal para hacerse perdonar su comportamiento delictivo. Oiga, a Dios lo que es de Dios. Y a la política, lo que es de la política. No se puede comparecer ante un tribunal de justicia como si fuera una comisión parlamentaria, un mitin electoral o la confesión de parte en unos ejercicios espirituales.
"No
se trata de impedir que vuelva a defender su proyecto político, sino
que lo haga de la misma forma", dice el auto de la sala de apelaciones
A la vista de los antecedentes, las alegaciones de Junqueras y las de su abogado defensor, los tres magistrados valoraron si la libertad provisional del líder de ERC pondría en peligro la paz ciudadana por reiteración delictiva. A eso se atuvieron. No al pacifismo, las convicciones religiosas, la voluntad de pacto o el talante negociador del recurrente para explorar las posibilidades de alcanzar tal o cual objetivo político.
A los jueces les da igual la fe política de Junqueras si no la hace valer mediante comportamientos presuntamente delictivos. Si ha vuelto a la cárcel de Estremera tras su paso por el Tribunal Supremo, es por esos comportamientos y por el riesgo de que los reprodujera si fuera excarcelado ahora. "No se trata de impedir que vuelva a defender su proyecto político, sino que lo haga de la misma forma", dice el auto de la sala de apelaciones que conocimos ayer.
Junqueras seguirá preso: todo el peso de la investidura, en manos de Puigdemont
Y si la sala de apelaciones ha decidido mantenerlo en la cárcel, dando por buena una de las medidas cautelares dictadas en su día por la jueza Lamela y ratificadas por el juez Llarena, no es porque Junqueras abrace la causa independentista sino por el riesgo de que en libertad provisional puede incurrir en reiteración de dichos comportamientos presuntamente delictivos. Tal y como vienen descritos 'a priori' en el Código Penal. No en normas dictadas al margen de la legalidad vigente. Y, por supuesto, al margen de que encajen o dejen de encajar en los códigos políticos, morales o religiosos de Junqueras.
Los morales se condensan en esa autodefinición de "hombre de paz". La misma que Zapatero e Iglesias Turrión dedicaron en su día al exetarra Arnaldo Otegui. Los políticos caben en el compromiso de "avanzar en la construcción de la república independiente de Cataluña". Eso dijo ERC en la reciente campaña electoral. Y eso también ha pesado en los magistrados al rechazar el recurso de Junqueras por apreciar un riesgo de reiteración delictiva en la excarcelación de Junqueras.
En el terreno estrictamente político habría serios motivos de preocupación si el programa electoral de ERC fuera de obligado cumplimiento. Pero no lo es porque carece de recorrido. Por el horizonte judicial de los líderes independentistas y por la sabida lección de que el Estado de derecho resultó más fuerte de lo previsto. "Es fácil llegar a la conclusión de que el Estado español no permanecería pasivo ante la vulneración reiterada de la Constitución", dice el auto del Supremo.
El
exetarra Arnaldo Otegui fue el último personaje agraciado con el título
de "hombre de paz" (Zapatero e Iglesias se lo dedicaron en su día)
La pretensión independentista de seguir por el mismo camino, insisto, es pólvora mojada. No solo por las razones antedichas. También por la falta de norte entre sus principales líderes, que además están enfrentados entre sí. Junqueras, sin plan B tras el jarro de agua fría, ha de elegir entre repliegue táctico o vuelta a las andadas. Y Puigdemont, que no quiere apearse del papel de mártir que tan buen resultado le dio en las urnas, está condenado a elegir entre cárcel y autodestierro.
La tensión entre ellos es evidente porque compiten por la presidencia de la Generalitat. En ERC dicen públicamente que apuestan por restituir a Puigdemont, indebidamente destronado por Rajoy, a sabiendas de que el retorno significaría su inmediata detención. Así que le interpelan públicamente sobre cómo piensa lograr la investidura, mientras advierten de que no la facilitarán mediante una modificación reglamentaria, al tiempo que se ofrecen: "ERC asumirá sus responsabilidades".
ANTONIO CASADO Vía EL CONFIDENCIAL
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