Casado, Rivera y Abascal han de demostrar ahora que están a la altura de
este escenario inédito o lo pagarán en las urnas, porque sus votantes
esperan de ellos racionalidad, equilibrio y sentido de Estado
Albert Rivera y Pablo Casado
EFE
Ha cundido la alarma entre los casi dos millones
de andaluces que votaron a favor de un cambio de Gobierno en la Junta de
Andalucía y también entre los muchos millones de españoles que han
visto el resultado de las autonómicas andaluzas como el anuncio
esperanzador de una nueva etapa política en España, a causa de las
dificultades surgidas de cara al voto de investidura del nuevo jefe del
Ejecutivo regional por la exigencia de Vox de que se suprima el punto 84
del acuerdo entre PP y Ciudadanos. El tratamiento dado por la izquierda
al fenómeno de la denominada violencia de género ha suscitado polémica
desde su arranque durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Fracasado el marxismo como doctrina económica, política y social, y
también como sistema de interpretación de la Historia, es bien sabido
que el socialismo ha sustituido esta doctrina periclitada por sucedáneos
que le permitan utilizar el mismo esquema con fines de movilización
electoral. En este contexto, el feminismo radical
y su cobertura conceptual, la ideología de género, representan una
herramienta de eficacia considerable para fabricar artificialmente una
clase oprimida, las mujeres, frente a otra opresora, los hombres, cuya
mera existencia es una amenaza de carácter estructural que debe ser
neutralizada mediante todo tipo de medidas legislativas, educativas,
culturales y sociales, dedicando a ello ingentes recursos
presupuestarios y humanos. Este constructo formidable ha dado lugar a la
aparición de una densa red clientelar de asociaciones y ONGs que se
nutren de subvenciones, sector de actividad
que en Andalucía en particular ha alcanzado un volumen realmente
llamativo. Las leyes de violencia de género, tanto a nivel nacional como
autonómico en el caso andaluz, son un detallado compendio de
afirmaciones teóricas, por un lado, como de políticas concretas a
desarrollar por otro que obedecen a este sesgado planteamiento de las
relaciones entre los dos sexos y que han suscitado serias dudas entre
juristas, psicólogos, antropólogos y especialistas diversos sobre su
capacidad de reflejar fielmente la multidimensional realidad del binomio
hombre-mujer en las sociedades democráticas avanzadas.
Con el panorama interno que tenemos los líderes que no sepan distinguir entre lo urgente y lo trascendente y entre lo accesorio y lo esencial durarán poco
El programa electoral de Ciudadanos de 2015, sin
ir más lejos, incidía en la asimetría penal aplicada a los dos sexos en
esta legislación y proponía su corrección. Con posterioridad, y ante la
tremenda presión emocional creada por algunos crímenes particularmente
horrendos y su seguimiento exhaustivo y permanente por los medios de
comunicación, tres partidos nacionales, PP, PSOE y C´s, ratificaron en
el Congreso en Diciembre de 2017 el Pacto Nacional contra la Violencia de Género,
votación en la que sorprendente e incongruentemente se abstuvo Podemos.
Por consiguiente, la primera cosa que Vox debe entender es que ni el PP
ni C´s pueden aceptar la supresión del punto 84 de su acuerdo porque
están atados por su compromiso parlamentario a nivel nacional. Otra cosa
es la forma en que se concrete este Pacto en la acción legislativa y de
gobierno de la alianza entre ambos en Andalucía para los próximos
cuatro años. Y lo que PP y C´s han de comprender a su vez es que esta
cuestión es para Vox de gran relevancia porque está estrechamente ligada
a los fundamentos mismos de su proyecto.
Puestas
así las cosas, la solución pasa obviamente por trasladar la discusión
del plano del “si” se debe respetar el Pacto al “cómo” se ha de
materializar en propuestas legislativas y de gobierno concretas en
Andalucía. Situado el tema en este terreno, el PP puede sentarse con Vox
y acordar unos criterios orientadores de desarrollo del punto 84 que
amplíen su ámbito de operación a otras figuras además de las mujeres
maltratadas, que fijen condiciones específicas para otorgar
subvenciones, como la ausencia de politización o de sesgo ideológico de
las entidades seleccionadas, que describan el tipo de programas a
incentivar y que determinen los requisitos de experiencia, competencia y
transparencia de cuentas asociados a cualquier colaboración con la
Administración en este campo. Este protocolo sería suscrito por el PP y
Vox y aceptado tácitamente por C´s aunque no hubiera participado
formalmente en su elaboración.
Vox debe entender que ni el PP ni C´s pueden aceptar la supresión del punto 84 porque están atados por su compromiso parlamentario a nivel nacional
La complejidad derivada de la fragmentación del
mapa parlamentario en cinco grupos que abarcan todo el arco ideológico
obliga y obligará durante bastante tiempo a sus máximos responsables a
utilizar grandes dosis de inteligencia para construir mayorías viables,
estables y operativas. Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal
han de demostrar ahora que están a la altura de este escenario inédito.
Si no lo hacen, lo pagarán en las urnas porque sus votantes esperan de
ellos racionalidad, equilibrio y sentido de Estado. Con el panorama
interno que tenemos en España, debido a los desmanes del separatismo
catalán, y con la recesión que vuelve a aletear en el horizonte europeo y
global, los líderes que no sepan distinguir entre lo urgente y lo
trascendente y entre lo accesorio y lo esencial durarán poco. Pedro Sánchez
es un claro ejemplo de perfecto inútil para la tarea que tiene
encomendada y su trayectoria pública ya tiene fecha de caducidad.
Esperemos que la formación del nuevo Gobierno andaluz demuestre que hay
todavía políticos en España de la talla suficiente para afrontar los
desafíos existenciales que nos abruman.
ALEJO VIDAL-QUADRAS Vía VOZ PÓPULI
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