El Ejecutivo debe comparecer y no delegar el relato en jueces y fiscales
Puede ser estrategia o incompetencia, pero en cualquiera de los casos o interpretaciones, la actuación del Gobierno de España en este momento —ante la mayor crisis de Estado que vive el país posiblemente desde el 23-F— es desconcertante, insuficiente, roza lo irresponsable y desde luego es merecedora de una firme reprobación.
Los acontecimientos se suceden a diario de forma dramática en Cataluña, y ahora ya, fuera de Cataluña. La incertidumbre sobre lo que pueda suceder crece cada minuto, y con ella crece la angustia de los ciudadanos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo de grave es? ¿Qué puede llegar a suceder? Es el Gobierno el que tiene que responder a estas preguntas, no el fiscal general. Es el Gobierno, no el fiscal, el que tiene que explicar —día tras día— qué es lo que está haciendo, qué medidas está tomando y qué medidas va a tomar.
Es inaceptable que cada vez que un ministro comparece —siempre de forma atropellada, en los pasillos del Congreso o en la entrada o salida de un acto público— se limite a contestar que es la justicia la encargada de tomar las medidas pertinentes.
Hemos dicho en numerosas ocasiones que el Gobierno no podía esconderse detrás de la justicia ante una crisis de esta magnitud. A estas alturas del conflicto, es inadmisible que el presidente y sus ministros sigan sin dar la cara ante el país.
Todo lo que se ha hecho hasta ahora para frenar el referéndum ilegal de 1 de octubre ha sido de índole judicial y ha estado en manos de jueces, fiscales y guardias civiles. La única implicación directa de un miembro del Gabinete ha sido casi de carácter técnico, la del ministro de Hacienda. Eso es todo. Hace una semana de la última comparecencia de Mariano Rajoy. Ni siquiera el portavoz del Gobierno actúa como tal.
¿De verdad el Gobierno no tiene nada que decirle a los ciudadanos, a los catalanes y a los no catalanes? ¿No es necesario explicar las medidas coercitivas impuestas por la justicia? ¿No se siente obligado a asumir la responsabilidad de esas medidas? ¿No hay un proyecto que defender, un plan que exponer, una política que impulsar?
Lo peor de todo es que empezamos a sospechar que, efectivamente, ninguna de esas cosas existen, y que se confía únicamente en que la Guardia Civil sea capaz de abortar el referéndum, y el problema se vaya diluyendo después por sí solo. Por no tener, el Gobierno no tiene ni un relato propio, frente al insidioso y falso —pero hábil y reiterado— relato de los independentistas.
Quedan cuatro días para el 1 de octubre. Ya es muy tarde para que el Gobierno esté a la altura del momento histórico que vivimos. Es tarde también para contrarrestar con la política correcta el infame proceder del independentismo. Estamos a tiempo, sin embargo, de que se ponga al frente de la situación: que comparezca ante la nación y le ofrezca las garantías y esperanzas que ésta reclama. No valdrá ya para evitar el 1-O, pero podría servir aún para tratar de enfilar en mejores condiciones las decisiones políticas que sin duda serán necesarias inmediatamente después.
EDITORIAL de EL PAÍS
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