Nadie puede saber con certeza lo que ocurrirá en Cataluña, pero se sabe algo que no ocurrirá: no habrá una votación que pueda ser admitida y homologada en cuanto a su calidad democrática
Conversando con alguien que tiene una larga experiencia en supervisión internacional de procesos electorales, le pregunto qué haría una comisión observadora (por ejemplo, del Parlamento Europeo) si fuera llamada a fiscalizar el pretendido referéndum del 1 de octubre en su actual circunstancia. La respuesta es tajante: “Ni se molestarían en hacer el viaje, no se dan las condiciones mínimas. Cualquiera de las votaciones que hemos supervisado en países tercermundistas de democracias tan dudosas como Haití cuenta de partida con más garantías de limpieza”.
Nadie puede saber con certeza lo que ocurrirá en Cataluña el 1 de octubre, pero sí se sabe ya algo que no ocurrirá: ese día no habrá una votación que pueda ser admitida y homologada en cuanto a su calidad democrática. Este referéndum viola todos los requisitos formales y materiales, y carece de todas las garantías que el mundo exige a una votación democrática. Además de su inconstitucionalidad de raíz, debería ser suspendido por el modo tramposo en que sus promotores pretenden realizarlo. Repasemos algunos de esos requisitos:
1. La convocatoria. El referéndum se ha convocado solo 24 días antes de su celebración, sin tiempo material para realizar los trámites que exige un acto de este tipo. Los plazos regulares han sido suplantados por un procedimiento electoral sumarísimo del que se han hecho desaparecer todos los mecanismos de control.
2. El censo electoral. No hay votación válida sin un censo de votantes. Esta no lo tiene. Nadie sabe qué censo pretende utilizar la Generalitat. Desde luego, no será uno legal, puesto que el único que existe está en poder del INE.
Cualquier otro censo que se quiera usar será fraudulento o producto de un robo. Si se quiere tirar de los padrones municipales, en ellos figura gente sin derecho a voto. Si recurren al de elecciones anteriores, estarían haciendo votar a los muertos y olvidando a los que han cumplido 18 años desde entonces. Si han pensado en piratear los ficheros de organismos oficiales como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, dejarían fuera a miles de personas que no figuran en ellos. Por no mencionar que ese asalto viola todas las normas sobre protección de datos y podría provocar un aluvión de demandas contra la Generalitat.
Lo cierto es que, a estas alturas, un ciudadano catalán interesado en el referéndum ignora si está inscrito en el censo, y no puede comprobarlo ni tiene a quién reclamar.
3. Los centros de votación. Ese mismo ciudadano interesado no sabe en qué lugar se le espera para votar. En vano le han anunciado que recibirá una carta comunicándoselo, junto con su tarjeta censal. No la ha recibido ni probablemente la recibirá tras la operación de la Guardia Civil ayer en Terrassa. Así que tendrá que llegar a su punto de votación guiado por el boca a boca o por el tam tam de la propaganda.
Dicen que para no comprometer a los directores de los institutos se les exigirá que entreguen la llave a voluntarios de Forcadell para que estos abran los colegios. Hala, todo el poder para los soviets. Por otra parte, ¿cabe mayor compromiso para esos directores que dar la llave de su centro a un desconocido sin autoridad alguna? Si lo hacen, que se preparen a responder por ello.
4. Las cabinas. Nadie ha previsto algo tan elemental como las cabinas de votación, que ofrecen al elector un mínimo de privacidad. Teniendo en cuenta que ese día los colegios estarán repletos de comisarios políticos del 'procés' vigilando quién va y lo que hace, nuestro ciudadano puede estar seguro de que alguien tras su nuca se asegurará de que no se equivoque.
5. Las mesas electorales. Se supone que se necesitan 55.000 personas para completar las mesas. Nadie sabe si le tocará o no. Además, si muchos de los designados deciden razonablemente cumplir la ley y no acudir, una enorme cantidad de mesas quedarán desocupadas. Y en todo caso, sus miembros serán íntegramente independentistas. Las posibilidades de alteración de la votación son infinitas, porque también estarán:
6. Los interventores y apoderados. Que normalmente representan a todos los partidos y se vigilan mutuamente para que no haya irregularidades. Pero esta vez será un pelotón de activistas del 'procés' sin contrapeso alguno. Así que con esas mesas monocolor y esos interventores de un solo signo, cuenten con que en las actas de la votación escribirán el resultado que les dé le gana —o el que les haya indicado el delegado de Forn—.
7. El voto por correo. Que en esta ocasión no será posible. Si usted quiere o tiene que estar de viaje ese día, se ha quedado sin derecho a voto. Pensándolo bien, quizá sea lo mejor que puede hacer.
8. El recuento. Habitualmente, lo realiza una empresa especializada, contratada mediante concurso público. No existirá tal empresa en esta ocasión. En su defecto, han encargado el trabajo a los empleados del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), un ente dependiente de la Generalitat, carente de toda experiencia en este campo y cuya dirección ocupan altos cargos del Govern. Toda una no-garantía de solvencia y credibilidad, puede pasar cualquier cosa con los datos.
9. La autoridad electoral. Por llamar algo a la sindicatura electoral, un órgano 'ad hoc' inventado en la suspendida ley del referéndum, que usurpa el lugar de la Junta Electoral. Entre sus componentes no hay un solo juez o jurista reconocido. Todos ellos tienen como virtud principal la adhesión incondicional a la causa. Por cierto, nadie sabe cuándo ni cómo se reúnen, emiten sus resoluciones desde un lugar desconocido en el que se ocultan para escapar de la acción de la Justicia. Menuda autoridad.
10. El (des)orden público en la jornada electoral. Se anuncian manifestaciones callejeras durante la votación, barreras humanas para proteger los colegios electorales, piquetes recorriendo las calles y visitando las casas para 'informar' a los votantes perezosos. Además de la función coactiva, se trata de suministrar a Trapero una coartada para pretextar que no puede ocuparse de interceptar urnas porque es prioritario cuidar del orden público.
En conclusión: esto no llega ni a simulacro. La Generalitat no está en situación de ofrecer las condiciones necesarias para un referéndum. Dirán que la culpa es de los obstáculos que les han puesto, no vamos a discutir eso ahora. Pero cuando un Gobierno que se respeta a sí mismo no quiere, no sabe o no puede garantizar el desarrollo democrático de una votación que él mismo ha convocado, cualquiera que sea el motivo, debe reconsiderar esa convocatoria.
Puigdemont y sus socios pasarán a la historia por abrir una sima de enfrentamiento y división en la sociedad catalana. Por provocar un conflicto social e institucional que quedará enquistado durante mucho tiempo después del 1 de octubre. Por desafiar a la ley y a la razón. ¿Pretenden además ser recordados como los autores del mayor intento de pucherazo de nuestra historia moderna? Si este es el rostro de la república catalana, más vale salir corriendo o apuntarse a la resistencia.
IGNACIO VARELA Vía EL CONFIDENCIAL
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