Rajoy se centra en impedir la consulta y deja el 155 para una declaración de independencia

El Ejecutivo insiste en graduar su respuesta, evitar el victimismo y aprovechar la decidida actuación de la Fiscalía en el caso, una circunstancia que echaron de menos ante el 9-N

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. (EFE)

Con todo el aparato del Estado en marcha para impedir el referéndum independentista en Cataluña, el Gobierno se centra ahora en lograr el bloqueo de la 'logística' de la consulta y deja como último recurso la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional por si hay después una declaración de independencia. Es el guión de respuesta previsto al reto de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la CUP que Mariano Rajoy sigue al pie de la letra. "Haré todo lo necesario sin renunciar a nada", advirtió ayer en un mensaje dirigido a los secesionistas, pero también a las voces que le piden adelantar otras vías para intervenir ya las funciones de la Generalitat catalana.

Fuentes gubernamentales insisten en la necesidad de graduar la respuesta al golpe, evitar el victimismo nacionalista, fomentar las contradicciones internas en el bloque separatista y aprovechar la decidida actuación de la Fiscalía en el caso, una circunstancia que echaron de menos frente a la consulta del 9-N.

En los próximos días y una vez que el Tribunal Constitucional anule todos proyectos legislativos, medidas e instrucciones de los independentistas, la clave en el pulso con Puigdemont consiste en evitar la celebración del referéndum en el orden práctico.

La Fiscalía, los jueces, los cuerpos de seguridad del Estado (policía autonómica incluida) y los secretarios e interventores de los ayuntamientos se ocuparán de impedir que los secesionistas puedan sacar urnas, disponer o elaborar un censo y ceder locales para aparentar el desarrollo de una consulta legal. En medios del Ejecutivo insisten en que lo fundamental ahora es conseguir que el fracaso del referéndum sea evidente y gráfico; nada de colegios abiertos, colas ante las urnas y recuentos.

La gravedad del golpe institucional obliga al Ejecutivo a reservarse los pasos que planea dar ante la posible y probable desobediencia de muchos secesionistas a las advertencias del TC. También ante lo que ocurra después del 1-O, aunque sea un fracaso para los impulsores de la consulta, porque ya incluyen la promesa de proclamar su república nacionalista en el caso de que den por ganador el sí con la participación y el porcentaje de voto que consideren convenientes.

La nueva ley de ruptura catalana otorga inmunidad al ‘president’ y a su Govern

Antonio Fernández. Barcelona

la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República es la ley que dinamita la legalidad vigente. Y, de hecho, va más allá: dinamita la democracia y la separación de poderes

Tanto en el caso de seguir o elevar la espiral de la sedición con esa proclama, o si Puigdemont y sus socios sí se decantan por las manifestaciones y movilizaciones callejeras, como quiere la CUP, el Gobierno tendría entonces margen para activar los mecanismos constitucionales para corregir a la Generalitat. La Constitución faculta al Gobierno, previa autorización del Senado, para intervenir en las competencias de un Ejecutivo autonómico cuando se salte la ley (artículo 155). Además, en caso de crisis, como es la vulneración del marco constitucional, la Ley de Seguridad Nacional autoriza al Ejecutivo a dar órdenes directas a cualquier autoridad, funcionario o particular.

Fuentes gubernamentales insisten en que no ha llegado el momento de esas medidas y que de ir contra los responsables de la Generalitat, de la Mesa del Parlamento catalán y demás dirigentes políticos dispuestos a colaborar con el golpe que supone el referéndum ya se ocupan la Fiscalía y decidirán los jueces en última instancia. Pero también admiten que las siguientes respuestas de Rajoy, "sin renunciar a nada", dependerán de los pasos hacia "el precipicio institucional" que puedan dar los secesionistas, según las palabras del jefe del Ejecutivo.


                                                                             ÁNGEL COLLADO  Vía EL CONFIDENCIAL