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lunes, 25 de septiembre de 2017
El Gobierno tiene un dictamen para cerrar a la vez el Govern y el Parlament con el 155
La medida implicaría suspender la
autonomía al tiempo que se clausura la cámara catalana. Es la última
bala que se reserva el Gobierno si Puigdemont declara la independencia
Mariano Rajoy, en un acto de partido en Palma de Mallorca. (Reuters)
El Gobierno de Mariano Rajoy estudia extender la
aplicación del artículo 155 de la Constitución más allá de la suspensión
de la autonomía y el cese en sus cargos de todo el Gobierno de la Generalitat, empezando por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras. También
está barajando ampliar esta dura medida a la suspensión del Parlament,
lo que supondría la clausura de la cámara catalana, después de que se
declare la independencia, según han apuntado fuentes cercanas al Consejo de Ministros.
La
aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ya se ve como inevitable
entre la mayor parte del Gobierno. Rajoy es partidario de hacerlo después de que Carles Puigdemont declare la independencia
de Cataluña, como el final de un proceso en el cual ha sido imposible
cualquier otra medida para defender la legalidad vigente. Esta
suspensión impediría además una doble legalidad, ya que sería entonces
cuando entrase en vigor la polémica Ley de Transitoriedad Jurídica, que supone una derogación 'de facto' del conjunto del marco legal español en el territorio de Cataluña.
El problema jurídico
que han planteado los equipos legales que asesoran al Gobierno es que
suspender al Gobierno autonómico en pleno no arregla la parte del
problema que recae en un Parlament
que ha avalado la legalidad paralela que se quiere imponer. Tras
diversas consultas legales, se ha determinado que sí, que sería posible
suspender a Govern y Parlament de la misma tacada,
puesto que el artículo 155 no impide esta alternativa ni cuenta con un
reglamento que detalle su aplicación.
En concreto, para justificar
la medida, esos informes destacan la parte del artículo 155 que reza “o
actuare de forma que atente gravemente al interés general de España” y
que otorga un amplio margen de actuación, suficiente para que el
Gobierno utilizase este instrumento legal, el equivalente al 'botón
nuclear' que Mariano Rajoy hasta ahora había querido evitar pulsar.
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. (EFE)
Se
advierte asimismo de que tanto la Generalitat como el Parlament podrían
recurrir ante el Tribunal Constitucional la suspensión efectiva de
todas sus funciones. Ni que decir tiene que en caso de que Puigdemont y
su Gobierno se declarasen en rebeldía, el Gobierno central ya cuenta con que serán detenidos.
Fuentes cercanas al Palau
ya habían apuntado que en el entorno de Puigdemont no se descartaba un
escenario en que el 'president' de la Generalitat se encerrara en el
Parlament como un lugar especialmente protegido por la legalidad.
Conscientes de ello, en el seno del Ejecutivo de Rajoy va ganando peso
la opción de que el 155 suspenda tanto a los 'consellers' de la
Generalitat como al conjunto del Parlament. Al hacerlo así, dejarían a Puigdemont sin esta última salida.
Urgencia en el Senado
La aplicación del artículo 155 precisaría de una convocatoria de urgencia del Senado, que ha de refrendar su aplicación por mayoría absoluta. Una mayoría absoluta de la que el PP dispone en la Cámara Alta.
Las
dudas en el seno del Gobierno sobre esta línea dura en la manera de
aplicar la suspensión de la autonomía son de dos tipos: las de
oportunidad y las de estrategia política. En la oportunidad se está
debatiendo si llegados a este punto no valdría más la pena aplicar el
155 antes del 1-O, y solventar así también el problema del referéndum unilateral convocado por Puigdemont.
Pero en este momento Rajoy, quien siempre ha defendido que las medidas
han de ser proporcionales y en respuesta a provocaciones previas,
defiende en el Consejo de Ministros la opción de que sea después de la
fecha en la que se ha convocado la consulta unilateral.
Perder a los socialistas
En el campo de la estrategia política se teme perder el consenso con el PSOE. Si bien se han logrado avances en que el partido de Pedro Sánchez avale
una suspensión de los 'consellers' de la Generalitat, nadie del PP se
ha atrevido a hacer el planteamiento extendido de la medida a
representantes de la calle Ferraz.
En
clave catalana, el Gobierno teme que una medida de calado como
suspender todo el Parlament haga que el PSC renuncie al frente
constitucional
En concreto, se teme la reacción del primer secretario del PSC, Miquel Iceta,
quien hasta ahora se ha alineado con la defensa de la legalidad
vigente. En La Moncloa se entiende que clausurar por tiempo indefinido
un parlamento autonómico es una medida de máxima dureza y que el
principal riesgo es que el PSC podría descolgarse del frente
constitucionalista en Cataluña por causa de la misma.
El problema de evitar la clausura del Parlament radica en que aunque se acabe cesando en el cargo a Carme Forcadell y a los otros cuatro miembros de la Mesa que más se han implicado en la aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad a través de una suspensión exprés, otros miembros de las listas de Junts pel Sí
ocuparían su puesto. Por tanto, eso no solucionaría nada a la hora de
intentar desactivar la bomba de relojería que es la cuestión soberanista
catalana.
Rajoy ya asume el alto coste político que tendrá una medida de tanto calado. Perderá el apoyo del PNV, tendrá que prorrogar el Presupuesto y se verá obligado a lidiar con un Congreso que jugará a la contra a menos que opte por convocar unas elecciones anticipadas, lo que le enfrentaría a tener que acudir a unas generales en las cuales Cataluña sería el principal tema de debate.
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