El Ministerio enviará más efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para poder ayudar a los Mossos d'Esquadra en el control del orden público y activa medidas de protección de autoridades
El Gobierno de Mariano Rajoy se está preparando para la entrada de Cataluña en un escenario de caos. El Ministerio del Interior ha movilizado en los últimos días a agentes de la Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y a sus homólogos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para reforzar la protección de los edificios oficiales del Estado en la comunidad. Pero el Ejecutivo enviará nuevos efectivos esta semana y contempla la aplicación de medidas extraordinarias si, ante una escalada de movilizaciones y altercados, los Mossos d'Esquadra no fueran capaces por sí solos de garantizar el orden público.
Fuentes cercanas al dispositivo atribuyen una importancia decisiva a los actos de la Diada de este lunes para calibrar la evolución que tomarán los acontecimientos. Se espera que la manifestación principal, convocada en el centro de Barcelona por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) bajo el lema 'La Diada del sí', consiga superar los 500.000 asistentes, rebasando así las cifras del pasado año. La previsión es que la marcha se desarrolle de un modo completamente pacífico, pero se teme que tras los actos oficiales se produzcan conatos violentos que degeneren en ocupaciones u otros ataques contra delegaciones de la Administración central, no solo en Barcelona.
Las miradas se centran en la CUP y otros grupos radicales de su entorno, que tradicionalmente han aprovechado la Diada para quemar banderas españolas y fotografías del Rey. Los organismos policiales manejan informaciones que alertan de que sus objetivos podrían ser este año más ambiciosos. Como en pasados ejercicios, las entidades que integran la CUP celebrarán su propia manifestación cuando concluya la convocada por la ANC. A las 18:00 saldrán de la plaza de Urquinaona para recorrer el kilómetro y medio de distancia que hay hasta la plaza Comercial del Born. Allí intervendrán sus dirigentes. En 2016, unos encapuchados quemaron las banderas de Francia, la Unión Europea y España.
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La organización juvenil de la CUP, Arran, autora del ataque a la sede del Partido Popular de Barcelona del pasado marzo, calentó motores este viernes con la quema de carteles con los nombres de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Y este domingo, la autodenominada Asamblea de Jóvenes encendió bengalas en la Travesera de Gracia de la ciudad condal, frente al cuartel de la Guardia Civil, para exigir la expulsión de este cuerpo de Cataluña. La CUP ya ha pedido a sus seguidores que mantengan una “movilización permanente” tras la Diada que precisamente implique la “ocupación del espacio público” para garantizar la celebración del referéndum independentistadel 1 de octubre.
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No solo los radicales están intentando generar un clima de tensión. Podem Catalunya ha llamado a convertir la consulta en otro 15-M, con una “movilización constante” que recorra “pueblos y plazas”. Y el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamado “desbordar” en la Diada para poner “nervioso” al Ejecutivo central, y ha pedido a los independentistas que presionen a los alcaldes contrarios al referéndum mirándolos “a los ojos” y preguntándoles por qué no les dejan votar.
La Delegación del Gobierno en Barcelona ya está completamente blindada. A los dos grupos de la UIP desplegados de forma permanente en Cataluña (UIP número 2) se han sumado en los últimos díasagentes de la misma sección desplazados desde Valencia, Zaragoza y Bilbao, y esta semana llegarán nuevos efectivos desde Valladolid y otros puntos de España. La Dirección General de la Guardia Civil también ha tomado medidas para garantizar la disponibilidad total de sus GRS, especializados igualmente en el mantenimiento del orden público. A partir de este miércoles, los funcionarios de esas unidades, repartidas por la geografía nacional, deberán estar preparados para poner rumbo a Cataluña en el plazo de una hora y reforzar a sus compañeros del GRS 4, con base en Barcelona.
El despliegue tiene como principal objetivo asegurar la protección de las instalaciones del Estado. Las competencias de orden público están transferidas a la policía autonómica. Por tanto, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil se encargarían en condiciones normales de repeler los altercados y movilizaciones no autorizadas que se registren en la vía pública. La lealtad de los Mossos d'Esquadra se da por segura. Dos de los principales sindicatos de ese cuerpo, SME y SAP-FEPOL, ya han anunciado públicamente que respetarán las resoluciones de los juecesy se pondrán del lado del orden constitucional. Pero Interior también contempla la posibilidad de que los efectivos de los Mossos no sean suficientes para controlar protestas sostenidas en el tiempo y dispersas por el territorio catalán. En ese caso, las Fuerzas de Seguridad del Estado intervendrían para reforzar la capacidad de los agentes autonómicos.
Fuentes oficiales aseguran que Interior mantiene un contacto fluido con el cuerpo autonómico y con los policías locales de los principales municipios
El mismo esquema se utilizaría si el Gobierno de la Generalitat mantiene su órdago y fuerza la colocación de urnas el 1-O. La Policía Nacional y la Guardia Civil actuarían para retirarlas prestando apoyo a los Mossos. Fuentes oficiales aseguran que Interior mantiene un contacto fluido y permanente con el cuerpo autonómico y con los policías locales de los principales municipios. En el marco de esa colaboración, ya se ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para proteger las sedes de los partidos constitucionalistas e incluso a sus dirigentescon medidas especiales de contravigilancia. Los representantes del Estado en Cataluña también están bajo medidas excepcionales de protección.
JOSÉ MARÍA OLMO Vía EL CONFIDENCIAL
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