Lo cierto es que el golpe de mano del 6 y 7 de septiembre acarreó un fuerte coste de imagen, superior al que habían calculado. A partir de ahí, entró de nuevo en acción el plan de comunicación
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saluda a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. (EFE)
Alguien de mi gremio, y de los buenos, está trabajando para Junqueras y su equipo (el pobre Puigdemont ya solo hace lo que le mandan) en la estrategia de comunicación del independentismo.
Sus argumentos jurídico-institucionales son de una tosquedad
abochornante, pero dispone de un plan de comunicación sofisticado; y más
allá de los deslices de algún 'hooligan' con cargo, en general lo
siguen con rara disciplina para tratarse de políticos.
Al Gobierno de España le sucede lo contrario: trabaja eficazmente para parar el referéndum
con un complejo plan operativo estudiado al milímetro, pero carece por
completo de algo que se parezca a un programa convincente de
comunicación. Por eso cunde en muchos ambientes la pesimista sensación
de que “el independentismo va ganando”, especialmente tras el
tradicional y siempre efectista castillo de fuegos artificiales de la Diada.
La semana pasada se perpetró una carnicería institucional en el Parlament.
Ahí no se guardaron las apariencias, lo hicieron a las bravas.
Probablemente no tenían otra forma de sacar adelante la barbaridad
jurídica que buscaban. El prestigio de Forcadell quedó hecho añicos para siempre, pero seguro que a Junqueras no le pareció un precio excesivo.
El sectarismo de Forcadell y los once catalanes justos
Lo cierto es que el golpe de mano del 6 y 7 de septiembre acarreó un fuerte coste de imagen,
quizá superior al que habían calculado. A partir de ahí entró de nuevo
en acción el plan de comunicación, destinado ahora a endulzar a las
conciencias biempensantes el trago de aceite de ricino de la semana
anterior. Unamos la línea de puntos:
El primer paso fue el ejercicio de ilusionismo de Oriol Junqueras
en La Sexta. Una intervención jesuítica plagada de falsedades, en la
que un beatífico Junqueras (en la curia vaticana, no tendría precio)
ofreció una bondadosísima versión del referéndum secesionista, despojado
de sombras rupturistas y presentado como un trámite inocuo, eludiendo
toda idea de choque con España para elevarse angelicalmente a las
alturas evanescentes del derecho internacional.
El segundo paso fue la infantil pero nada inocente retransmisión de la Diada en TV3,
la televisión del régimen. Ni una sola imagen de puños en alto, gestos
crispados o actitudes agresivas. A cambio, centenares de planos de
niños, incluso bebés, disfrutando felizmente con sus padres de una
plácida jornada dominical (alguna vez habrá que hablar de la sucia
costumbre de exhibir a los niños en manifestaciones y mítines políticos,
pero el caso es que el recurso funciona: en lugar de asquear,
enternece).
La Diada, en imágenes: del acto de Ciudadanos a la participación de Otegi
El tercero, ayer mismo, fue lo que se hizo aparecer como una afanosa penúltima oferta de negociación
por parte de quienes previamente se habían ocupado de volar los
puentes. Puigdemont: “Nuestra prioridad es dialogar y negociar”.
Junqueras: “En nuestro ADN está el pacto”. El lobo feroz transmutado en
Blancanieves, quién lo hubiera dicho hace una semana.
Para los aficionados a especular, esa oferta negociadora admite interpretaciones diversas:
-Es una pura maniobra de lavado de imagen tras el estropicio del Parlament.
-Es
una inversión de imagen a medio plazo, para cargarse de razón
(especialmente ante la opinión pública internacional), asentando la idea
de que “nosotros no queríamos el choque, pero no nos han dejado otro
camino”.
-Es la búsqueda desesperada de una salida digna a la vista del inevitable fracaso del referéndum.
-Es
el intento de fijar un punto muerto a partir de la quiebra de la
legalidad constitucional, obteniendo así una posición de partida
favorable para un conflicto prolongado en el tiempo.
-Y para que no se diga, mencionemos la hipótesis benevolente de que verdaderamente desean solucionar el problema.
En realidad, da igual qué interpretación se elija, porque la reacción aconsejable del Gobierno es
la misma en todos los casos. Primero, hay que darse por enterado de la
propuesta y responder a ella si no se quiere seguir dando ventaja a los
independentistas en la batalla crucial de lo que llaman 'el relato'. No
importa que pensemos que la propuesta no es seria: tratarla como si lo
fuera es la mejor forma de aprovecharla si lo es o desenmascararla si,
como parece, no lo es. Por supuesto, sin por ello detener la acción para
frenar el referéndum.
Hay que
darse por enterado y responder si no se quiere seguir dando ventaja a
los independentistas en la batalla crucial de lo que llaman 'el relato'
Segundo, hay que aplicar el manual de negociación en situaciones extorsivas.
Como un piloto que secuestra su avión, la pasada semana el Parlament de
Cataluña fue secuestrado por su propia mayoría. De la operación salió
una legalidad alternativa a la vigente, con pretensión de derogarla 'de
facto' y suplantarla con efectos inmediatos. Desde el 7 de septiembre,
hay en Cataluña dos ordenamientos jurídicos en conflicto: el que nace de la Constitución y el Estatuto y el que se deriva de la ley de referéndum y la de transitoriedad (un remedo de Constitución con vocación poco transitiva).
Estos
órdenes legales son incompatibles, la vigencia de uno excluye la del
otro y no pueden coexistir ni un solo día. Cualquier intento de diálogo,
real o simulado, exige que se despeje previamente ese equívoco
inaceptable. Primero establezcamos cuál es la ley vigente a día de hoy
en Cataluña; solo después será posible hablar del futuro.
¿Quién está por encima, el Tribunal Constitucional o el Parlamento?
Para ser
creíble y funcionar, el diálogo requiere que se restituya la situación
anterior al 6 de septiembre. De otra forma, no estaríamos ante una
negociación, sino ante la capitulación del Estado —y con él, de la
democracia— ante un hecho insurreccional consumado.
Los requisitos son muy sencillos: primero, la Generalitat debe suspender la convocatoria del 1 de octubre. Segundo, debe acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Transitoriedad, lo que podría hacer simplemente cumpliendo su deber de publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat.
Ninguna
de esas dos condiciones predetermina el futuro ni supone renuncia
definitiva a nada. Por una parte, siempre puede esperarse que de la
negociación resulte un futuro referéndum acordado, como dicen desear sus
promotores; por otra, el TC ha suspendido la ley de desconexión de
forma cautelar, pero tardará meses en pronunciarse sobre el fondo.
Opiniones y propuestas de un ciudadano español cualquiera
No se puede convalidar el golpe de mano del 6 y 7 de septiembre, ni es aceptable la pretensión de negociar a partir de él. Partamos de la plena vigencia de la Constitución y del Estatuto, y veremos a dónde llegamos. Solo así se puede creer en la sinceridad de la propuesta.
En
la batalla de la comunicación no basta con afirmar que la oferta
negociadora de la otra parte es tramposa, hay que demostrarlo. Hay que
apagar el farol para que no queden dudas de que se trata de un farol. Y
si quien lo hace no es solo el Gobierno sino el bloque constitucional en
pleno, mucho mejor.
IGNACIO VARELA Vía EL CONFIDENCIAL
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