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domingo, 24 de septiembre de 2017
El Gobierno se prepara para la declaración unilateral de independencia
El Ejecutivo cree haber conseguido
los mismo efectos que si se aplicara el artículo 155 de la Constitución,
pero estudia utilizarlo en los días posteriores
Rajoy en la Moncloa el pasado miércoles. (EFE)
A una semana de la prevista celebración del referéndum ilegal en Cataluña, el Gobierno se prepara para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia. Una vez pasada la pantalla del bloqueo material de la celebración de la consulta, la siguiente es la de dicha declaración, siempre según la versión de La Moncloa.
Según
esta previsión del Ejecutivo, dentro de una semana no será posible una
votación uniforme y homologable en toda Cataluña y, por tanto, un
recuento de votos que pueda servir para determinar claramente si una
mayoría de catalanes está por la independencia. Sí habrá, según esas
previsiones, una enorme movilización ciudadana alrededor de los locales previstos para la votación, muy superior a la que se ha producido en los últimos años con motivo de la Diada.
Incluso, según los informes que maneja La Moncloa, no es descartable que esas concentraciones multitudinarias se prolonguen más allá de la noche del domingo,
en una especie de reedición del 15-M, pero con una organización nada
espontánea y en diferentes lugares. Esa movilización se estructura a
través de mensajes
que, de forma capilar, se expanden, de manera que, por ejemplo,
permitieron las concentraciones inmediatas el miércoles en los lugares
en los que se producían las detenciones y los registros. Una versión
avanzada del "¡pásalo!" de los días posteriores al 11-M de 2004.
Si
eso ocurre, la información del Gobierno apunta a que Carles Puigdemont
podría optar por la declaración unilateral de independencia en los días
posteriores. Ese acto no tiene en sí mismo efectos jurídicos, salvo el mantenimiento de la situación de ilegalidad, prolongada
a otras actuaciones, extendida en el tiempo y, sobre todo, con miles de
personas en las calles. Por supuesto, el Gobierno ya ha controlado que
no haya el más mínimo riesgo de reconocimiento internacional que lo
valide.
Concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC. (EFE)
Esa hipótesis se basa, por ejemplo, en la redacción inicial de borradores de la ley de transitoriedad a
los que accedió el Gobierno y que hablaban en disposiciones
transitorias de dicha declaración unilateral, con su entrada en vigor si
no se podía celebrar la consulta. "Si el Estado español impidiera de
manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor
de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este
impedimento", aseguraba y el propio Oriol Junqueras advirtió de esa
posibilidad en una conferencia en marzo de este año. Se basa también en
la abierta presión de las CUP y las organizaciones que impulsan el
referéndum y solo los más "moderados" del PDeCAT prefieren que antes
haya unas nuevas elecciones catalanas con ese punto único en el programa
de la declaración de independencia.
Coincide esta previsión con el análisis que hace la dirección del PSOE y la idea transmitida esta semana por diputados del PDeCAT en el Congreso.
El
temor obvio es el de los actos de violencia y, por eso, el Gobierno ha
desplazado los efectivos de policía y Guardia Civil a Cataluña.
Mariano Rajoy ha tratado con Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos) sobre las medidas a adoptar en todo momento, incluyendo la aplicación del 155.
La previsión del Gobierno, según la versión que transmite a sus
interlocutores, es que el uso de ese artículo de la Constitución requiere no menos de seis días,
porque es preciso un plazo de audiencia al presidente de la Generalitat
y un debate y votación en el Senado. Por esa razón, el Gobierno ha
buscado vías alternativas para lograr los mismos efectos que con el 155 y
este lunes se cumple el plazo mínimo para su hipotética aplicación
antes del referéndum.
Así, la seguridad ya está 'de facto' en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional porque actúan como policía judicial a las órdenes de la Fiscalía y el juez. Y los Mossos intervienen también a las órdenes de la autoridad judicial. Ese control se reforzará si se abre causa en la Audiencia Nacional por sedición, según la previsión del Gobierno.
A
Moncloa le queda bloquear la apertura de los colegios electorales y las
urnas que, según fuentes del Gobierno, podrían estar ya controladas
Con
esa competencia el Gobierno ha podido intervenir para impedir
materialmente la celebración del referéndum, incautando las papeletas y
las tarjetas censales. Le queda bloquear la apertura de los colegios
electorales y las urnas que, según fuentes del Gobierno, podrían estar
ya controladas. Esa actuación ha sido reforzada por el Tribunal Constitucional al aplicar por primera vez y en contra de la opinión inicial del PSOE, la reforma de su ley orgánica que le permite actuar directamente para ejecutar sus decisiones.
De esa forma, el Constitucional ha disuelto de hecho la Sindicatura
Electoral, órgano que pretendía equipararse a las Junta Electorales para
dar apariencia de legalidad al referéndum, lo que elimina cualquier
apariencia de legalidad del proceso. La próxima semana, la Agencia de
Protección de Datos volverá a actuar contra el uso fraudulento del
censo.
La otra competencia autonómica que de hecho ha pasado a manos del Estado es la de las finanzas. Se ha hecho por la vía de la ley de estabilidad que,
por cierto, fue apoyada en su momento por Convergència, hoy PDeCAT. Una
orden ministerial resuelve lo que con el 155 exigiría un procedimiento
largo y un debate parlamentario.
Escenificación de una votación del referéndum de Cataluña. (EFE)
Y
este viernes, el Gobierno ha dado otro pasito usando la inspección del
Ministerio de Educación para controlar el uso de los colegios para
apoyar la movilización ciudadana en Cataluña.
Salvo imprevistos, si esa hipótesis que maneja el Gobierno se cumpliera, sí sería posible la aplicación del 155 de la Constitución,
porque ya no habría un plazo perentorio como el que hay ahora hasta el
1-O y para extender el control al resto de competencias autonómicas, más
allá de las afectadas directamente por el referéndum ilegal.
El PSOE asume esta posibilidad, según fuentes de su dirección, y mantiene su idea de buscar el diálogo en la nueva comisión del Congreso, según el compromiso arrancado por Sánchez a Rajoy.
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