EL 'PROCÉS' ROMPE EL BLOQUE CONSTITUCIONAL

Pierdan toda esperanza quienes confiaban en un frente común de los partidos comprometidos con el Estado ante quienes pretenden reventarlo

El presidente del PP, Pablo Casado, interviene en el debate de totalidad de los Presupuestos. (EFE)

Cataluña nos atenaza. El conflicto estuvo igual de vivo en el debate presupuestario y en el juicio al ‘procés’ bajo el peso de una amarga constatación. A saber: frente al insidioso desafío del independentismo al Estado, reiterado ayer ante el Tribunal Supremo, el bloque constitucional apareció fracturado en el Congreso de los Diputados.

Pierdan toda esperanza quienes confiaban razonablemente en un frente común de los partidos comprometidos con el Estado de derecho ante quienes pretenden reventarlo. El independentismo renueva su ofensiva contra la España represora en sede judicial y en sede parlamentaria. Pero la clase política de teórica lealtad a la Constitución se hace la guerra. Lo de ayer en el Congreso fue una sobrevenida moción de censura a Sánchez a la que se sumaron encantados los nacionalistas catalanes. Ana Pastor, la presidenta de la Cámara, se vio obligada a recordar que se trataba de un debate presupuestario.

Lo de ayer en el Congreso fue una sobrevenida moción de censura a Sánchez a la que se sumaron encantados los nacionalistas catalanes

Todo eso nos remite a una realidad no menos amarga. A saber: la defensa del orden constitucional pasa al Tribunal Supremo. El poder judicial se ha convertido en el único poder del Estado que afronta el reto del único modo que puede hacerlo. Por aplicación de la legalidad, sustanciada en la sentencia que siete magistrados han de emitir tras un juicio imparcial y transparente.

De ahí saldrá la verdad judicial de la operación perpetrada contra la legalidad vigente en septiembre y octubre de 2017. En cuanto a la verdad política y moral, que es el terreno donde a la sedición le resulta más rentable el cainismo españolista, siempre nos quedará su manida internacionalización del conflicto. Para los defensores de los acusados, el juicio es solo una meta volante para llevar el tema a los tribunales europeos (ese es el sentido de las cuestiones previas de la sesión de ayer).

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He aquí un arma de doble filo en manos de la propaganda por la causa de la república independiente de Cataluña. Del mismo modo que se pretende internacionalizar la causa al gusto de sus seguidores, también se puede internacionalizar la farsa de su puesta en escena ante los tribunales europeos y, sobre todo, a los ojos de los millones de personas capaces de formar criterio propio mediante el directo y libre acceso al desarrollo del juicio, ofrecido por todos los medios en tiempo real.

¿Se imaginan todo eso con un Ejecutivo y un Parlamento en funciones y un poder judicial enfrentando el desafío en solitario? No es pregunta retórica. Sería el peligroso escenario si las elecciones generales se celebraran en primavera. Anoche era casi la crónica de un hecho anunciado ante el probable sí de los 17 diputados nacionalistas catalanes a la devolución de los PGE del Gobierno.

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Provocar esa situación (dos de los tres poderes del Estado en funciones) es irresponsable. Pero, además, va contra la lógica desplegada en estos siete meses en base al irreprimible apego de Sánchez al poder, al tan explicado recurso de gobernar a golpe de decreto con una agenda social y Presupuestos prorrogados. ¿Por qué iba a tener prisa después de solo siete meses de reinado, el fiasco de su política catalana, una derecha crecida y un partido que solo controla a medias, cuando los nacionalistas catalanes le dicen que, a pesar de rechazar los PGE, le apoyarían para evitar un adelanto electoral que no les conviene?

Otra cosa es, naturalmente, lo que Sánchez vaya a hacer a partir de hoy a mediodía si, según parece, se confirma la devolución de los PGE. ¿Elecciones en abril (el 28), en mayo (superdomingo 26) o ya en octubre? Apuesto por octubre, pero no me juego ni la uña del pie derecho.


                                                                                 ANTONIO CASADO   Vía EL CONFIDENCIAL