Los defensores intentaron en su interrogatorio convertir a Soraya y Rajoy en acusados y presentarlos como responsables de la violencia del 1 de octubre
Pedro García Cuartango
La táctica
de convertir a los acusados en acusadores tiene una larga tradición. Ya
en el año 187 antes de Jesucristo, Publio Cornelio Escipión, apodado
«El Africano», fue obligado a comparecer en el Senado bajo sospechas de
corrupción. Se le inculpaba de haberse apropiado de una parte de la suma
pagada por Antíoco tras ser derrotado en Asia Menor por las legiones
romanas.
Escipión era en ese momento uno de los hombres más poderosos de Roma, ya que había vencido a Aníbal en la batalla de Zama en clara inferioridad numérica y, además, había cosechado importantes victorias en Hispania.
Llevado por un arrebato de furia, Escipión rompió en el Senado las cuentas que iba a presentar su hermano Lucio sobre el destino de los tributos de Antíoco y aprovechó la ocasión para acusar de traidores e ingratos a los tribunos de la plebe que le habían exigido explicaciones sobre su conducta.
Nadie se atrevió a proceder contra Escipión y ni siquiera Catón fue capaz de seguir adelante con el proceso, aunque Lucío acabó en la cárcel. Fue un claro ejemplo de éxito de la táctica de criminalizar a los acusadores para no tener que responder de una conducta que objetivamente era motivo de repudio o sanción por muy brillante que fuera el historial de «El Africano».
Los defensores de los líderes del independentismo intentaron ayer emular la táctica de este general romano con preguntas a los testigos que encerraban juicios de intenciones que pretendían demostrar que el Gobierno actuó de forma negligente en la consulta del 1 de octubre y que cursó instrucciones temerarias que provocaron «los actos de violencia» de aquel día.
Ello quedó en evidencia en la comparecencia de Soraya Saenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, a la que los abogados interrogaron en numerosas ocasiones sobre el operativo policial con el fin de demostrar que el Ejecutivo era consciente de que el envío a Cataluña de 6.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado engendraba el riesgo de desencadenar una confrontación violenta con las personas que deseaban votar.
Soraya aseguró que fueron los jueces y la Fiscalía quienes supervisaron el dispositivo policial, pero los abogados, fingiendo ignorar la respuesta, intentaron arrancar a la vicepresidencia una condena de los heridos provocados por la intervención de la Guardia Civil y la Policía.
Soraya responsabilizó a quienes optaron por llevar a cabo esa consulta ilegal, pero la insistencia de los letrados hizo titubear o dudar a la exvicepresidenta en algunas de las cuestiones. ¿Debió atajar Manuel Marchena, el presidente del tribunal, esos juicios de intenciones de los defensores? En frecuentes ocasiones lo hizo, pero probablemente no quiso ir más allá para no ser tachado de falta de neutralidad. La sombra de un recurso a Estrasburgo flota sobre la sala.
Soraya estuvo solvente en el fondo, pero en la forma adoptó un tono de opositora que no le favoreció. Tal vez porque la solemnidad del escenario le sobrepasó.
Por la tarde, le tocó el turno a Mariano Rajoy, que fue probado por los abogados de los inculpados cuando le preguntaron si había hablado con la exvicepresidenta de su testimonio, lo que está prohibido por la ley.
Rajoy se llevaba bien preparada su comparecencia y estuvo firme y contundente en sus respuestas. Sólo el gesto de apretar los dedos delataba su esfuerzo por autocontrolarse.
En su interrogatorio, los abogados intentaron sugerir que había otras alternativas que no eran la aplicación del artículo 155, pero el expresidente enfatizó que él fue quien tomó la decisión tras escuchar numerosas opiniones.
Según Rajoy, había «una situación límite» que obligaba a reaccionar al Gobierno y el Senado para evitar la secesión de Cataluña. Y además el Ejecutivo había detectado «un clima de violencia» que se manifestaba en intimidaciones a alcaldes y dirigentes constitucionalistas, presión sobre los tribunales y escraches a las Fuerzas de Seguridad.
Interrogado sobre la conveniencia de enviar esos efectivos a Cataluña, cortó la insistencia de los abogados con una respuesta tajante: «El Gobierno envió a la Guardia Civil y la Policía Nacional porque podían producirse acontecimientos que hicieran necesaria su presencia».
Preguntado sobre si él había hecho autocrítica de la actuación policial, afirmó que quienes tenían que haber reflexionado sobre su conducta son quienes desobedecieron la ley e incitaron a la población a ocupar los colegios electorales.
Desde el punto de vista de la efectividad legal de la estrategia de los defensores, la sesión de ayer fue contraproducente porque los jueces se dieron cuenta de esas maniobras que no buscaban dilucidar las responsabilidades penales, sino sembrar dudas sobre la credibilidad de Soraya, Rajoy y, más tarde, Montoro.
Da la sensación de que los inculpados y sus abogados han renunciado a persuadir al tribunal de su inocencia y que están centrando todos sus esfuerzos en el relato. El riesgo que corren es ser condenados y perder también la batalla de la imagen.
PEDRO GARCÍA CUARTANGO Vía ABC
Escipión era en ese momento uno de los hombres más poderosos de Roma, ya que había vencido a Aníbal en la batalla de Zama en clara inferioridad numérica y, además, había cosechado importantes victorias en Hispania.
Llevado por un arrebato de furia, Escipión rompió en el Senado las cuentas que iba a presentar su hermano Lucio sobre el destino de los tributos de Antíoco y aprovechó la ocasión para acusar de traidores e ingratos a los tribunos de la plebe que le habían exigido explicaciones sobre su conducta.
Nadie se atrevió a proceder contra Escipión y ni siquiera Catón fue capaz de seguir adelante con el proceso, aunque Lucío acabó en la cárcel. Fue un claro ejemplo de éxito de la táctica de criminalizar a los acusadores para no tener que responder de una conducta que objetivamente era motivo de repudio o sanción por muy brillante que fuera el historial de «El Africano».
Los defensores de los líderes del independentismo intentaron ayer emular la táctica de este general romano con preguntas a los testigos que encerraban juicios de intenciones que pretendían demostrar que el Gobierno actuó de forma negligente en la consulta del 1 de octubre y que cursó instrucciones temerarias que provocaron «los actos de violencia» de aquel día.
Ello quedó en evidencia en la comparecencia de Soraya Saenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, a la que los abogados interrogaron en numerosas ocasiones sobre el operativo policial con el fin de demostrar que el Ejecutivo era consciente de que el envío a Cataluña de 6.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado engendraba el riesgo de desencadenar una confrontación violenta con las personas que deseaban votar.
Soraya aseguró que fueron los jueces y la Fiscalía quienes supervisaron el dispositivo policial, pero los abogados, fingiendo ignorar la respuesta, intentaron arrancar a la vicepresidencia una condena de los heridos provocados por la intervención de la Guardia Civil y la Policía.
Soraya responsabilizó a quienes optaron por llevar a cabo esa consulta ilegal, pero la insistencia de los letrados hizo titubear o dudar a la exvicepresidenta en algunas de las cuestiones. ¿Debió atajar Manuel Marchena, el presidente del tribunal, esos juicios de intenciones de los defensores? En frecuentes ocasiones lo hizo, pero probablemente no quiso ir más allá para no ser tachado de falta de neutralidad. La sombra de un recurso a Estrasburgo flota sobre la sala.
Soraya estuvo solvente en el fondo, pero en la forma adoptó un tono de opositora que no le favoreció. Tal vez porque la solemnidad del escenario le sobrepasó.
Por la tarde, le tocó el turno a Mariano Rajoy, que fue probado por los abogados de los inculpados cuando le preguntaron si había hablado con la exvicepresidenta de su testimonio, lo que está prohibido por la ley.
Rajoy se llevaba bien preparada su comparecencia y estuvo firme y contundente en sus respuestas. Sólo el gesto de apretar los dedos delataba su esfuerzo por autocontrolarse.
En su interrogatorio, los abogados intentaron sugerir que había otras alternativas que no eran la aplicación del artículo 155, pero el expresidente enfatizó que él fue quien tomó la decisión tras escuchar numerosas opiniones.
Según Rajoy, había «una situación límite» que obligaba a reaccionar al Gobierno y el Senado para evitar la secesión de Cataluña. Y además el Ejecutivo había detectado «un clima de violencia» que se manifestaba en intimidaciones a alcaldes y dirigentes constitucionalistas, presión sobre los tribunales y escraches a las Fuerzas de Seguridad.
Interrogado sobre la conveniencia de enviar esos efectivos a Cataluña, cortó la insistencia de los abogados con una respuesta tajante: «El Gobierno envió a la Guardia Civil y la Policía Nacional porque podían producirse acontecimientos que hicieran necesaria su presencia».
Preguntado sobre si él había hecho autocrítica de la actuación policial, afirmó que quienes tenían que haber reflexionado sobre su conducta son quienes desobedecieron la ley e incitaron a la población a ocupar los colegios electorales.
Desde el punto de vista de la efectividad legal de la estrategia de los defensores, la sesión de ayer fue contraproducente porque los jueces se dieron cuenta de esas maniobras que no buscaban dilucidar las responsabilidades penales, sino sembrar dudas sobre la credibilidad de Soraya, Rajoy y, más tarde, Montoro.
Da la sensación de que los inculpados y sus abogados han renunciado a persuadir al tribunal de su inocencia y que están centrando todos sus esfuerzos en el relato. El riesgo que corren es ser condenados y perder también la batalla de la imagen.
PEDRO GARCÍA CUARTANGO Vía ABC
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