Manifestación para exigir elecciones generales en la plaza de Colón, en Madrid. JAVI MARTÍNEZ
Hay tres motivos esenciales que mueven a una mayoría de españoles a movilizarse. El primero es el flagrante incumplimiento dePedro Sánchezde su compromiso de convocar elecciones inmediatamente después de la moción de censura. El segundo es el daño perpetrado a la igualdad de todos por las reiteradas cesiones al separatismo, ya sea cambiando la acusación de la Abogacía del Estado con relación al juicio del 1-O o mediante el riego millonario a través de los Presupuestos del Estado para 2019. Y el tercero es la incapacidad del Gobierno para defender el prestigio de las instituciones españolas, lo que resulta particularmente lesivo en vísperas del arranque del proceso que juzgará la rebelión de octubre de 2017. En consecuencia, los ciudadanos han dicho, de forma clara y nítida, que ya basta de mentiras y de chalaneo con quienes que socavan el Estado de derecho en nuestro país.
La multitudinaria y pacífica protesta, solo empañada por cierta tendencia al tremendismo retórico y la hipérbole opinativa en el texto del manifiesto -no hace falta exagerar el daño que ya produce el sanchismo-, constituye un aldabonazo contra un Gobierno dependiente del separatismo. La incapacidad de Sánchez para convertir la mayoría que posibilitó la moción de censura contra Rajoy en una mayoría estable de gobierno, unido al fracaso de su estrategia de distensión -léase cesión- con sus socios exige sin dilación la convocatoria inmediata de elecciones generales. El propio Ejecutivo, por boca de la vicepresidenta Calvo, ha decretado congelados los contactos con las formaciones separatistas, aunque la opacidad de la negociación no permite concluir que este viraje sea irreversible. La situación resulta completamente insostenible. Sánchez debe devolver la palabra a los españoles para posibilitar un Gobierno cuya legitimidad no solo descanse en el ordenamiento constitucional sino en el refrendo de la soberanía popular.
La complicidad con los secesionistas y la falta de seriedad en los contactos con la Generalitat, que sigue sin renunciar a la autodeterminación, son los principales motivos que desbordaron Colón. Fue una protesta transversal cuajada en la sociedad civil y motivada por el cúmulo de irresponsabilidades de Sánchez, que van desde su dependencia parlamentaria del independentismo hasta la pueril imprudencia de endosar su libro a la secretaria de Estado de España Global, encargada de combatir el procés fuera de nuestras fronteras.
La unidad de España no se negocia. Tampoco el marco legal que ampara los derechos y libertades de todos los españoles. El hecho de que el presidente aceptara establecer una relación bilateral con el Quim Torra de los 21 intolerables puntos reviste una extraordinaria gravedad que requería de una clara respuesta social. A la indignación se suma la mesa de partidos que exigía el independentismo y la aceptación de la figura de un relator, lo que suponía una vergonzante deslegitimización institucional a la que solo se renunció tácticamente ante el escándalo desatado. Sánchez ha tenido la virtud de aglutinar el rechazo de buena parte de la sociedad española, incluidos varios barones y dirigentes históricos del PSOE, aunque el domingo ninguno exhibiera la valentía de adherirse en público a la manifestación en defensa de la democracia.
Resulta indigno, por tanto, que desde el PSOE se trate de demonizar a quienes salen a la calle a defender la Constitución o se les insulte echando mano de un lenguaje guerracivilista. Sánchez no está en condiciones de alardear de patriotismo ni tampoco de altura de miras. No lo demostró cuando ejerció la oposición ni mucho menos ahora, cuando se empeña en seguir aferrado al sillón presidencial pese al clamor social que reclama ir a elecciones.
EDITORIAL de EL MUNDO
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