El número de observadores dispuestos a seguir en tiempo real el acontecimiento solo topará con las rayas rojas impuestas por la disponibilidad del espacio doméstico o las teles instaladas en su vivienda
Concentración unitaria del independentismo el pasado 2 de noviembre ante la cárcel en la que se encuentra Dolors Bassa. (EFE)
Millones de observadores nacionales e internacionales, hombres y mujeres; catalanes, murcianos, aragoneses, cántabros, gallegos y andaluces; fontaneros, bailarines, abogados, médicos, futbolistas, funcionarios, guardias de seguridad, periodistas, mariscadores, sin distinción de sexo, edad, raza, ideas políticas o gustos culinarios, están habilitados para garantizar la limpieza y la imparcialidad del juicio público a los máximos responsables (trama política y trama civil) del desarticulado movimiento anticonstitucional que en octubre de 2017 intentó la desconexión de Cataluña al margen de los procedimientos legales.
Ya se conocía esta buena noticia. Pero ayer tuvimos constancia documental. Un auto del Tribunal Supremo que se limita a recordar que las sesiones del juicio al 'procés' serán televisadas en directo, sin otra limitación presencial que el aforo de la sala de plenos (un centenar de plazas).
En
su caso, y en su casa, el número de observadores dispuestos a seguir en
tiempo real el acontecimiento solo topará con las rayas rojas impuestas
por la disponibilidad del espacio doméstico o número de televisores instalados en la vivienda. O en el bar de la esquina.
El auto del alto tribunal dado a conocer ayer, en respuesta a las organizaciones internacionales que habían reclamado el papel de observadores, "para velar por los derechos de los procesados", recuerda que "todo ciudadano que quiera convertirse en observador nacional o internacional del juicio podrá hacerlo". Lo cual confirma y reconfirma lo que comentó, hace unos días, el presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes en un desayuno al que asistió El Confidencial. Tal cual: "El proceso se desarrollará con todas las garantías a la vista de todo el mundo".
Transparencia y publicidad como disolventes de las campañas independentistas que acusan al tribunal de tener decidida la condena contra los "patriotas" catalanes. Ser transparente a lo largo del juicio oral será la mejor propaganda que puede hacerse sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, la independencia de la Justicia y la imparcialidad del tribunal. Es doctrina aireada en vísperas de un juicio que el separatismo quiere convertir en caja de resonancia de sus objetivos. Sin embargo, algunos creemos que se va a convertir en el formidable difusor publicitario de la insidiosa representación de Cataluña como víctima de un Estado opresor y liberticida.
La farsa, al banquillo, a partir del día 12. Es el riesgo que corre la causa del independentismo catalán en la capital de una España considerada "modélica" en materia de garantías judiciales, según el Tribunal de Justicia de la UE.
Una España que roza la perfección en el ámbito del respeto a los derechos individuales, la libertad de expresión y la independencia judicial, según el informe anual de la ONG norteamericana Freedom House, que desde 1972 viene publicando estos índices en base a 25 parámetros distintos.
La fijación de la linde entre la soflama política y el derecho de defensa queda al criterio del tribunal. Sí, pero también al criterio de millones de personas llamadas a pronunciarse sobre aspectos no estrictamente judiciales aunque de repercusión garantizada en la opinión pública. Son los observadores del proceso. Aunque la suya no se publique en el BOE, no dejará de dictar sentencia.
ANTONIO CASADO Vía EL CONFIDENCIAL
Ya se conocía esta buena noticia. Pero ayer tuvimos constancia documental. Un auto del Tribunal Supremo que se limita a recordar que las sesiones del juicio al 'procés' serán televisadas en directo, sin otra limitación presencial que el aforo de la sala de plenos (un centenar de plazas).
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El auto del alto tribunal dado a conocer ayer, en respuesta a las organizaciones internacionales que habían reclamado el papel de observadores, "para velar por los derechos de los procesados", recuerda que "todo ciudadano que quiera convertirse en observador nacional o internacional del juicio podrá hacerlo". Lo cual confirma y reconfirma lo que comentó, hace unos días, el presidente del TS y del CGPJ Carlos Lesmes en un desayuno al que asistió El Confidencial. Tal cual: "El proceso se desarrollará con todas las garantías a la vista de todo el mundo".
Ser
transparente a lo largo del juicio oral será la mejor propaganda que
puede hacerse sobre el funcionamiento del Estado de Derecho
Transparencia y publicidad como disolventes de las campañas independentistas que acusan al tribunal de tener decidida la condena contra los "patriotas" catalanes. Ser transparente a lo largo del juicio oral será la mejor propaganda que puede hacerse sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, la independencia de la Justicia y la imparcialidad del tribunal. Es doctrina aireada en vísperas de un juicio que el separatismo quiere convertir en caja de resonancia de sus objetivos. Sin embargo, algunos creemos que se va a convertir en el formidable difusor publicitario de la insidiosa representación de Cataluña como víctima de un Estado opresor y liberticida.
La farsa, al banquillo, a partir del día 12. Es el riesgo que corre la causa del independentismo catalán en la capital de una España considerada "modélica" en materia de garantías judiciales, según el Tribunal de Justicia de la UE.
La fijación de la linde entre la soflama política y el derecho de defensa queda al criterio del tribunal
Una España que roza la perfección en el ámbito del respeto a los derechos individuales, la libertad de expresión y la independencia judicial, según el informe anual de la ONG norteamericana Freedom House, que desde 1972 viene publicando estos índices en base a 25 parámetros distintos.
La fijación de la linde entre la soflama política y el derecho de defensa queda al criterio del tribunal. Sí, pero también al criterio de millones de personas llamadas a pronunciarse sobre aspectos no estrictamente judiciales aunque de repercusión garantizada en la opinión pública. Son los observadores del proceso. Aunque la suya no se publique en el BOE, no dejará de dictar sentencia.
ANTONIO CASADO Vía EL CONFIDENCIAL
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