JUICIO AL GOLPE INDEPENDENTISTA

/BALLESTEROS

Juicio al procés en Cataluña en directo

Aunque el independentismo intente sembrar sospechas sobre la Justicia española, el juicio que hoy arranca en el Tribunal Supremo a los impulsores del referéndum de ruptura ofrece plenas garantías. El desafío soberanista lanzado en otoño de 2017 constituye el mayor ataque a la Constitución en cuatro décadas. No fue una revolución de las sonrisas, como torticeramente alegan sus autores. Tampoco un proceso democrático, porque nada hay más antidemocrático que pisotear la ley. Fue un intento de crear un Estado catalán en forma de república -así consta en las resoluciones parlamentarias aprobadas por JxSí y la CUP- con el que las autoridades catalanas pretendían liquidar la soberanía nacional saltándose los procedimientos de reforma contemplados en la legislación y quebrando el autogobierno amparado en el Estatuto de Autonomía. Conviene recordarlo.

La fortaleza de la democracia española, especialmente representada en la solidez de nuestro ordenamiento jurídico y en el decisivo papel que jugó el Rey tras su discurso del 3-O, impidió que el independentismo consumara su hoja de ruta rupturista. Ello no es óbice para enjuiciar la concatenación de hechos políticos y jurídicos ejecutados por la Generalitat que motivó la querella de la Fiscalía por rebelión y sedición. Entre los acusados que se sentarán en el banquillo no está el prófugo Carles Puigdemont, cuya cobardía retrata su minúscula estatura ética y por quien la Corte de Schleswig Holstein desacreditó la figura de la euroorden. Tal como explicamos en el Documentos que hoy publica EL MUNDO, los 12 principales acusados de haber organizado la asonada separatista -la ex presidenta del Parlament;el ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, que se enfrenta a una petición de condena de 25 años de cárcel; y ocho ex consellers- deberán responder por la flagrante vulneración del artículo 2 de la Constitución mediante la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, que culminó en la posterior declaración de independencia. Todo ello se llevó a cabo apoyado en el aparato institucional y los fondos de la Generalitat, con una planificación coordinada y mediante la coacción violenta en la calle.

La envergadura del proceso y la cifra de testigos, que supera los 500 declarantes, permite augurar que el juicio puede prolongarse más allá de los tres meses previstos. Pese a que su inicio coincide con un momento de gran tensión política, nada ni nadie puede interferir en la decisión de los sietes jueces encargados de dictar sentencia. A ninguno de los miembros de la sala presidida por Manuel Marchena les arredrará ni la debilidad del Gobierno, que rebajó la acusación de la Abogacía del Estado como pago en especie al chantaje soberanista, ni tampoco las presiones al tribunal de los comandos separatistas y las amenazas de Torra. Que el peso de la ley caiga sobre los ejecutores del golpe independentista a la Constitución.


                                                                                              EDITORIAL de EL MUNDO