Ciudadanos habrá de decidir hacia qué lado vuelca la inestabilidad, sin solucionarla
Gabriel Albiac
Es el coste
de una ley electoral pésima: no hay horizonte hoy en España para un
gobierno estable. Y lo sucedido en las dos últimas y fallidas
legislaturas de Rajoy está condenado a repetirse. No es algo evitable a
voluntad: el mapa sociológico de España se ha transformado. Empeñarse en
no alzar acta de ello, es bailar al borde del precipicio.
La división territorial española generó, desde el principio, una distorsión en el voto que ninguna democracia podría permitirse durante mucho tiempo. Y que aquí ha impuesto, como una evidencia, su lógica perversa a lo largo de cuarenta años. En los dos últimos, ese desequilibrio ha venido poniendo a nuestro país al borde del colapso. Volverá a hacerlo. En las elecciones legislativas de abril como en todas las que vengan luego.
Basta confrontar el reparto de escaños de las generales con el de las europeas -que regula la pura proporcionalidad en circunscripción única-, para percibir la estafa que se viene perpetrando contra ese voto ciudadano, al cual se le supone igual valor y retribución representativa para todos.
No va a haber mayoría clara tras las elecciones: es lo único que hoy parece indiscutible. Ciudadanos habrá de decidir hacia qué lado vuelca la inestabilidad, sin solucionarla. Esperemos que no se equivoque. Apoyar un agónico mandato del Sánchez al acecho de negociar la independencia catalana, sería para los de Rivera el suicidio: una pena en una fuerza que levantó tanta esperanza.
Sólo la apuesta por un gobierno de concentración constitucionalista podría poner fin a esta agonía cíclica. Procediendo a lo inaplazable: la aprobación urgente de una nueva ley electoral. Dos hipótesis sólo se abren para abordarla: a) sistema de dos vueltas, a la francesa, que favorezca la concentración del voto; b) sistema proporcional puro, que dé razón matemática de la diversidad sin primar territorialmente a nadie. Yo vería mejor la hipótesis a), pero sé que eso es discutible. Lo inaceptable es que el voto de un ciudadano del Ampurdán o del Valle del Urola valga distinto que el de uno de Usera.
Solo luego de esta corrección, podrán los partidos saber de verdad cuáles son sus legitimidades. Y el ciudadano que vota dejará de sentirse engañado.
GABRIEL ALBIAC Vía ABC
La división territorial española generó, desde el principio, una distorsión en el voto que ninguna democracia podría permitirse durante mucho tiempo. Y que aquí ha impuesto, como una evidencia, su lógica perversa a lo largo de cuarenta años. En los dos últimos, ese desequilibrio ha venido poniendo a nuestro país al borde del colapso. Volverá a hacerlo. En las elecciones legislativas de abril como en todas las que vengan luego.
Basta confrontar el reparto de escaños de las generales con el de las europeas -que regula la pura proporcionalidad en circunscripción única-, para percibir la estafa que se viene perpetrando contra ese voto ciudadano, al cual se le supone igual valor y retribución representativa para todos.
No va a haber mayoría clara tras las elecciones: es lo único que hoy parece indiscutible. Ciudadanos habrá de decidir hacia qué lado vuelca la inestabilidad, sin solucionarla. Esperemos que no se equivoque. Apoyar un agónico mandato del Sánchez al acecho de negociar la independencia catalana, sería para los de Rivera el suicidio: una pena en una fuerza que levantó tanta esperanza.
Sólo la apuesta por un gobierno de concentración constitucionalista podría poner fin a esta agonía cíclica. Procediendo a lo inaplazable: la aprobación urgente de una nueva ley electoral. Dos hipótesis sólo se abren para abordarla: a) sistema de dos vueltas, a la francesa, que favorezca la concentración del voto; b) sistema proporcional puro, que dé razón matemática de la diversidad sin primar territorialmente a nadie. Yo vería mejor la hipótesis a), pero sé que eso es discutible. Lo inaceptable es que el voto de un ciudadano del Ampurdán o del Valle del Urola valga distinto que el de uno de Usera.
Solo luego de esta corrección, podrán los partidos saber de verdad cuáles son sus legitimidades. Y el ciudadano que vota dejará de sentirse engañado.
GABRIEL ALBIAC Vía ABC
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