ELOGIO DE LA FISCALÍA

Los fiscales del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena, durante el juicio del 1-O. J.J. /GUILLÉN /EFE

Empezará luego el juicio. Y la aplicación del Código Penal. Un feliz automatismo de la democracia. Pero decir democracia no es decir demasiado. Lo advirtió Gimbernat en estas páginas en un artículo recopilado en El Derecho Penal en el Mundo (Aranzadi). Democracia "si bien es un concepto lleno de contenido, carece de contornos precisos como para constituir, por sí solo, una forma de Estado (...) La gran aportación política, social y jurídica de la civilización occidental a la humanidad, que se inicia con la Constitución de EEUU de 1787, y que se ha ido depurando y perfeccionando a lo largo de los siglos posteriores, es el Estado democrático de Derecho, que es precisamente la forma de Estado de España".


Estado de Derecho significa, además, el respeto a los derechos humanos recogidos en la Carta de Naciones Unidas, la división de poderes como elemento imprescindible de garantía democrática y el sometimiento de todos los ciudadanos y de cualquier institución del Estado al imperio de la ley. Pertenece a una idea mitológica la apelación de los encausados en el juicio del procés a una democracia reducida a la supuesta voluntad de un pueblo. Porque el utópico nacionalismo al que se apela desde el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo (el mismo que dicen añorar las casi 200.000 personas que salieron sumisamente ayer a las calles de Barcelona), no sabe de ciudadanía, sino de etéreas identidades históricas y de lengua. Es decir, de literatura melancólica que añora inexistentes paraísos perdidos en los que la cuestión del poder es abordada de la única forma posible, desde lo afectivo, esto es, desde lo absoluto.

Empezará luego el juicio. Pero antes, el ejemplar alegato de los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena recordó las reglas del juego: "Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico frente a estas gravísimas agresiones con el único instrumento que es aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley". Y concluyeron: "No hay soberanía catalana, hay soberanía española (...) No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por ninguno de los pueblos que la integran".

L' autodeterminació no és delicte! gritaban ayer. Sí lo es. Y grave.


                                                                                 FERNANDO PALMERO   Vía EL MUNDO